Según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, un 72% de las empresas españolas debe aceptar plazos de cobro superiores a los deseados para mantener su cartera de clientes en sus operaciones B2B, revelando también que un 60% percibe problemas financieros en sus clientes.

De acuerdo con el informe, los plazos de pago durante este año apenas registraron cambios respecto a 2023. En marzo de 2020, coincidiendo con la declaración de la pandemia, las medidas de distanciamiento social y el cierre temporal de la actividad productiva, los plazos de pago mostraron el peor comportamiento de toda la serie histórica del estudio.

El trabajo de campo, que contó con la participación de cerca de 700 gestores de empresas de todos los tamaños y sectores, muestra que un 8% del tejido productivo trabaja con sus clientes por encima de los 90 días, el mínimo de la serie histórica. Sin embargo, solo el 51% opera con plazos por debajo de los 60 días que trató de impulsar la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad, dos puntos por encima de los niveles de 2019. Y apenas un 11% ha logrado reducir ese plazo a los 30 días que valora la nueva Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea.

La capacidad de los autónomos para imponer plazos de pago se ha reducido un 15%. En el caso de las pymes, este valor alcanza el 38% y escala al 47% en las grandes compañías.

Las Administraciones Públicas también forman parte del problema: el 44% de las empresas que trabajan en el sector público tiene que aceptar plazos superiores a los deseados. El peor comportamiento, que afecta al 32%, se da entre las Administraciones locales. Este porcentaje se reduce a más de la mitad en las Administraciones autonómicas (15%) o estatales (14%).