La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido al Gobierno de España una explicación sobre el incidente ocurrido ayer en el campamento de inmigrantes, donde unos 80 inmigrantes se amotinaron para impedir la expulsión de un compañero. Arroyo ha señalado que el suceso, en el que solo intervinieron agentes de la Policía Local alertados por los vecinos, demuestra que el recinto no está preparado para garantizar su propia seguridad interior.

La alcaldesa ha reiterado la necesidad de cerrar el campamento y ha solicitado la cesión del Hospital Naval a Cartagena "en las mismas condiciones que se ha hecho entre Ministerios". Según la primera edil, la falta de información y coordinación con los servicios municipales y la sobrecapacidad del campamento, que alberga a más de 700 personas de forma indefinida, podría generar problemas de convivencia y riesgos sociales.

Desde el campamento ya han salido más de 1.400 personas sin que se tengan datos sobre su paradero. Arroyo cuestiona qué habría pasado si la Policía Local no hubiera acudido en apoyo a los vigilantes del campamento durante el motín. Los agentes locales fueron quienes calmaron a los amotinados y escoltaron al migrante expulsado hasta la Hospitalidad Santa Teresa.

Arroyo ha instado a la ministra a trasladarse a Cartagena para abordar la situación del campamento, calificando las condiciones actuales como injustas tanto para los inmigrantes como para la ciudad. Además, ha desmentido que hace tres años se planteara una propuesta de cesión del Hospital Naval, aclarando que se trató de una negociación para que el Ayuntamiento lo comprara por 31,9 millones de euros.