El Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia (CGS) estima que un 30% de los casos judiciales en el ámbito laboral podrían resolverse mediante la mediación intrajudicial, ayudando así a reducir la presión sobre los tribunales, que actualmente están programando juicios para 2027. Según el decano Alfonso Hernández Quereda, esta situación perjudica a todas las partes involucradas y supone una vulneración de derechos fundamentales.

Para Hernández Quereda, la acumulación de casos en los tribunales, debido a la falta de recursos y las huelgas pasadas, es descorazonadora, especialmente para aquellos que esperan resoluciones sobre invalidez, incapacidad o sanciones. "Es inaceptable que situaciones de despido se vayan a ver dentro de casi tres años. No tiene sentido para ninguna de las partes", afirmó.

Los expertos en este ámbito sostienen que no todas las demandas son susceptibles de mediación, pero una tercera parte sí lo es, lo que podría significar la resolución de más de mil casos.

El CGS insta a abrir un foro de análisis para implementar este mecanismo, que actualmente no está regulado en la Ley de Mediación Civil y Mercantil, aunque ya se está desarrollando en algunas comunidades autónomas. La mediación intrajudicial va más allá de los procedimientos de conciliación previa, y podría responder al incremento de procesos en los juzgados de lo social, que han crecido un 30% en el último año.

En Castilla y León, ya se ha desarrollado un sistema viable de mediación para un tercio de los procesos laborales, y en Andalucía están desarrollando un modelo propio. La Región de Murcia podría seguir estos ejemplos, involucrando a la Consejería correspondiente, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y los colegios profesionales.

Una vez iniciado el proceso judicial, si el juzgado estima que es mediable, se comunicaría a las partes para que inicien un proceso de mediación. Actualmente, los profesionales no cobran por la mediación, pero se sugiere una tarifa de alrededor de 90 euros por sesión, con un máximo de tres sesiones, similar al modelo de Castilla y León.