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Según datos del Grupo Moure, los fraudes en el sector de los hidrocarburos no cesan, a pesar de la implementación de nuevas regulaciones que buscaban frenarlos. Aunque el pasado 28 de marzo entró en vigor el Real Decreto Ley 8/2023, que prohíbe el suministro entre distribuidores al por menor y mayor, y restringe las ventas de operadores al por mayor solo a otros mayoristas, la competencia desleal sigue presente.
Manel Montero, director general de Grupo Moure, un holding con presencia en el sector energético, advierte sobre el fraude fiscal que algunos operadores petrolíferos continúan practicando. Según Montero, estas empresas se aprovechan del sistema fiscal actual para obtener ventajas competitivas mediante sus operaciones mayoristas de ventas.
“Es muy importante que las reclamaciones a la Administración no caigan en saco roto”, enfatiza Montero. “El objetivo es atajar un fraude que pone en peligro la supervivencia de muchas pequeñas y medianas empresas”.
Estos fraudes se llevan a cabo a través de herramientas legales, como la creación de nuevas compañías dedicadas a la venta mayorista, las cuales no están sujetas a las mismas obligaciones que las empresas existentes. Esto incluye la falta de cumplimiento con los objetivos obligatorios de biocarburantes, las contribuciones al Fondo de Eficiencia Energética, y el pago de cuotas para el mantenimiento de reservas mínimas de seguridad.
Montero explica que, si a estas diferencias de obligaciones se añade la posibilidad de aplazar el IVA trimestral, los perpetradores de estas prácticas logran obtener márgenes superiores, lo que les permite ofrecer precios más bajos. “Esto desestabiliza las cuentas de resultados de numerosas PYMES que no compran a este tipo de operadores”, subraya Montero.
Propuestas para combatir el fraude en el sector
Desde las asociaciones del sector perjudicadas, se han presentado propuestas para solucionar el problema del fraude. Una de las más destacadas es garantizar el pago del IVA correspondiente a la venta de combustibles desde el momento en que el producto sale de los depósitos fiscales. Este enfoque se ha implementado en Italia, con resultados positivos en la reducción del fraude en el IVA.
“Si a la garantía del IVA le añadimos un mayor control sobre las operaciones mayoristas, estamos convencidos de que todos estaremos en igualdad de condiciones competitivas”, concluye Montero, señalando la necesidad de un entorno justo para todas las empresas del sector.





