Según ha desvelado elEconomista.es, y ha podido confirmar MurciaEconomía, Odilo, una de las plataformas de contenidos educativos más destacadas de España, se encuentra en el centro de un escándalo tras ser denunciada por sus propios accionistas. Cinco fondos de inversión que controlan la mayoría del capital de la compañía han presentado una denuncia ante la Fiscalía, acusando a la empresa de Cartagena de presuntos delitos de falsedad contable, fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, así como de diversas irregularidades laborales.

Denuncia y Acusaciones

Los fondos Active Ventures Partners, Kibo Ventures, Swanlaab Venture Factory, Bregal Milestone y JME Ventures, que controlan el 53% de las acciones de Odilo, han acusado a la familia fundadora de la empresa, los Rodríguez, de manipular las cuentas de la compañía, presentar contratos ficticios y contabilizar ingresos de contratos que no están firmados. Según la denuncia, estas prácticas habrían sido realizadas con el objetivo de obtener financiación y proyectar una situación financiera ante el consejo de administración y los inversores que no se ajusta a la realidad.

La denuncia también incluye alegaciones de irregularidades laborales y de impago de impuestos. Además, se señala que los responsables de la empresa habrían intentado bloquear la investigación interna, llegando incluso a borrar información y destruir pruebas, como la mensajería corporativa.

Investigación Interna

Para esclarecer los hechos, el consejo de administración de Odilo contrató a la firma de abogados Squire Patton Boggs y a la consultora Álvarez & Marsal para elaborar un 'informe forensic'. Este informe revela que la dirección de Odilo habría obstaculizado la investigación, impidiendo que se encontraran hallazgos relevantes. No obstante, el informe también indica que existen indicios racionales de una posible manipulación en el reconocimiento de ingresos y la creación de contratos ficticios.

Ante la gravedad de las acusaciones, los fondos de inversión han tomado medidas drásticas. El pasado 16 de julio, durante una reunión del consejo de administración, se decidió destituir al equipo de compliance y apartar de sus funciones a Rodrigo Rodríguez, presidente y consejero delegado de la empresa, así como a otros miembros de la familia fundadora y a empleados en puestos de responsabilidad. Esta destitución fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid el 16 de agosto.

Reacción de la Familia Fundadora

Por su parte, los fundadores de Odilo han negado rotundamente las acusaciones. A través de un comunicado, la familia Rodríguez ha asegurado que las denuncias son falsas y que no existen irregularidades en la gestión de la empresa. Además, han indicado que Odilo ha iniciado una investigación externa y exhaustiva para proporcionar total transparencia en relación con los procedimientos asociados al canal interno de denuncias.

Impacto y Futuro de Odilo

Odilo, fundada en Cartagena en 2011, es considerada uno de los grandes unicornios tecnológicos de España y Europa. La empresa ha sido destacada por la revista Time como líder en tecnologías de la educación y la formación, y ha sido incluida en el grupo de empresas con más posibilidades de ingresar en el futuro en el Ibex 35. Con una valoración de 246 millones de euros en su última ronda de financiación, Odilo se ha posicionado como un referente en el sector de la educación digital.

La empresa cuenta con 170 millones de usuarios en más de 50 países y dispone de una red de más de 7.300 proveedores de contenidos digitales educativos. A pesar de las denuncias, Odilo ha asegurado que esta situación no afecta al funcionamiento diario de la empresa ni a la prestación de sus servicios.

Los hechos denunciados corresponden principalmente al año 2023, pero podrían extenderse a ejercicios anteriores. Además, la empresa ha recibido numerosas subvenciones públicas, y tiene entre sus clientes a importantes entidades del sector educativo.

El desenlace de esta situación podría tener un impacto significativo en el futuro de Odilo y en su reputación como una de las empresas tecnológicas más prometedoras de España. Los inversores han dejado claro su compromiso con la transparencia y la legalidad, y están dispuestos a colaborar plenamente con las autoridades para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.