La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (HoyTú) ha expresado su preocupación por la inminente implementación de la nueva normativa de registro de viajeros, que entrará en vigor en dos semanas. Según el sector hotelero, esta legislación impone la recolección y envío de datos no oficiales de los clientes, como la forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil y domicilio real, datos que no figuran en documentos tradicionales como el DNI o el pasaporte.

El presidente de HoyTú, Jesús Jiménez, ha señalado que la normativa supondrá una carga administrativa extra desproporcionada para los establecimientos, obligándolos a realizar estos procedimientos manualmente, lo que incrementará los costos operativos y el riesgo de errores, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el 95% del sector.

Jiménez advierte que el Real Decreto 933/2021, que regula esta obligación, todavía carece de un desarrollo por orden ministerial que detalle los datos específicos que deben aportar los subsectores del turismo, como hoteles, agencias de viajes o alquiler de coches. "A menos de dos semanas de la entrada en vigor, existe una confusión generalizada y una inseguridad jurídica que puede acarrear importantes sanciones", ha declarado.

Ante esta situación, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que representa a más de 16.000 establecimientos en todo el país, ha compartido su preocupación. La CEHAT alerta de la incompatibilidad de la normativa con las leyes de protección de datos de la Unión Europea, lo que podría generar una desventaja competitiva para los alojamientos españoles.

Además, la falta de una infraestructura tecnológica adecuada para cumplir con las nuevas obligaciones de registro y comunicación podría  agravar aún más el panorama. La CEHAT y HoyTú han solicitado a los Ministerios de Turismo e Interior, así como a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, la revisión urgente del Real Decreto para garantizar su viabilidad y evitar sanciones injustas al sector.