Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG, UPA, junto con la federación de cooperativas FECOAM y la asociación de productores-exportadores PROEXPORT, han registrado hoy en la Asamblea Regional de Murcia una propuesta de modificación de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor. Este movimiento busca obtener el apoyo de todos los grupos políticos para actualizar la legislación, adaptándola a la experiencia agronómica y al conocimiento científico actual, con un enfoque prioritario en la protección del Mar Menor.

Los representantes del sector agrario han expresado que la ley actual se encuentra desactualizada y no refleja los avances técnicos y científicos logrados desde su implementación. Por ello, solicitan una ley que ofrezca seguridad jurídica y rigor técnico, permitiendo que los agricultores implementen las medidas necesarias con efectividad y seguridad.

El compromiso del sector con la recuperación y protección del Mar Menor es firme, y la propuesta busca que la nueva normativa sea cumplible y efectiva en la conservación de este valioso ecosistema. Además, el documento ha sido elaborado en colaboración con profesionales y técnicos del sector, garantizando un enfoque técnico y legal que respete la integridad del Mar Menor y permita adaptarse a las realidades productivas actuales.

Entre las modificaciones específicas propuestas, se incluyen cambios en varios artículos que afectan directamente a la agricultura. Por ejemplo, en el Artículo 32, se pide la derogación de la obligación de instalar sensores de nitrógeno y fósforo que actualmente no están disponibles en el mercado. En el Artículo 36, se solicita modificar la exigencia de barreras vegetales en explotaciones que ya disponen de muros de contención, y en el Artículo 38, se plantea ajustar la obligación de seguir curvas de nivel a parcelas con pendientes superiores al 2%, basándose en estudios científicos.

Asimismo, en los Artículos 29 y 52, se sugiere la inclusión de prácticas ecológicas como la biosolarización, mientras que en los Artículos 81 y 83 se requiere una revisión del régimen sancionador, que actualmente penaliza desproporcionadamente al sector agrario.

Con estas iniciativas, las organizaciones agrarias buscan que las modificaciones sean rigurosas y responsables, asegurando una mejora en la protección del Mar Menor y la sostenibilidad de la actividad agrícola en la Región.