A menos de un año para la entrada en vigor de la Ley Antifraude, los sectores de comercio y hostelería están acelerando la actualización de sus dispositivos TPV y software de facturación. La normativa, que estará en vigor a partir del 1 de julio de 2025, exige la homologación de todos los sistemas de pago para garantizar la transparencia y la autenticidad de las transacciones. En caso de incumplimiento, las sanciones podrían ascender hasta los 150.000 euros.

La nueva medida introducrá cambios importantes, incluyendo la obligatoriedad de facturación electrónica y la prohibición de la doble contabilidad, con el fin de reducir la evasión fiscal y promover prácticas comerciales transparentes. Según la empresa La Casa del TPV,  la adaptación a estos nuevos requisitos puede suponer un desafío importante, especialmente para las pymes, tanto por los costes de actualización como por la necesidad de formación del personal para adaptarse al nuevo marco legal.

Además, los TPV deberán cumplir con los requisitos de la normativa, de forma que cada transacción quede registrada de manera adecuada y sin posibilidad de manipulación. Para ello, además de actualizar los equipos, deberán capacitar a su personal en el manejo de los nuevos dispositivos y en las normativas fiscales, lo que, según los expertos, implicará un esfuerzo adicional en recursos y tiempo para adaptarse al cambio.

Ante la posibilidad de sanciones elevadas, los profesionales en el sector instan a los negocios a iniciar cuanto antes la transición hacia los nuevos sistemas, que no solo afectará a los TPV, sino también a todos los sistemas de facturación y contabilidad.