La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que garantice la igualdad de trato en la adjudicación y prórroga de concesiones costeras, tal y como lo exige la directiva europea de servicios. En caso de no adoptar las medidas necesarias, la Comisión podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El conflicto surge debido a la forma en que España planea otorgar concesiones para la construcción de locales permanentes, como restaurantes o piscifactorías, en el dominio público costero. Según la legislación española, este proceso podría realizarse mediante una simple solicitud seguida de un período de información pública de 20 días. Sin embargo, la normativa comunitaria establece que debe seguirse un procedimiento imparcial y transparente para la selección de concesionarios, lo que España no estaría cumpliendo, según la Comisión Europea.

Además, la Comisión considera que las prórrogas de estas concesiones, que en algunos casos llegan hasta 75 años, contravienen las disposiciones de la directiva europea, ya que otorgan un derecho preferente a los titulares actuales, lo que podría excluir a otros operadores de la Unión Europea, restringiendo así la libertad de establecimiento dentro del mercado común de la UE.

Ante esta situación, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar un dictamen motivado a las autoridades españolas, que tendrán dos meses para responder y corregir la situación. De no ser así, la Comisión podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.