El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la extensión del gravamen temporal a las grandes empresas energéticas durante 2025, una medida que busca recaudar fondos adicionales mientras se impulsa la transición ecológica. La decisión se ha aprobado a través de un real decreto-ley en el último Consejo de Ministros del año.

Como novedad, el Ejecutivo ha incluido un incentivo fiscal destinado a las inversiones en descarbonización y proyectos estratégicos como la producción de hidrógeno verde. “Estamos demostrando que es posible exigir un esfuerzo adicional a las empresas energéticas mientras continuamos con nuestra hoja de ruta hacia la sostenibilidad y el impulso industrial”, subrayó Sánchez.

La prórroga del gravamen tendrá que ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días. Sin embargo, el Gobierno enfrentará dificultades para garantizar su aprobación, ya que partidos como el PNV y Junts han mostrado su rechazo. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, calificó la medida como "purito paripé" y reafirmó su oposición debido a conflictos con el sistema de Concierto Económico.

Ante este escenario, el Ministerio de Hacienda planea ofrecer la transformación del decreto en un proyecto de ley, lo que permitiría convertir el gravamen en un impuesto permanente. Este enfoque busca convencer tanto a Podemos, que rechaza la temporalidad del impuesto, como al PNV, dado que la gestión del tributo recaería en las haciendas forales vascas y navarra.

La extensión del gravamen forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo con partidos como ERC, Bildu y BNG. Con esta medida, se pretende reforzar la financiación de la transición energética y al mismo tiempo gravar los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas, una política que, según el presidente, está alineada con los objetivos de sostenibilidad y justicia social.