La situación en la playa nudista de El Portús, en Cartagena, se ha vuelto insostenible para los usuarios tras el cierre del camping que daba acceso al lugar. Según declaraciones de un portavoz de la plataforma ciudadana que lidera las reivindicaciones, bajo el seudónimo de A.M., la nueva propiedad del camping, adquirida por un fondo de inversión, ha bloqueado el paso público al lugar, vulnerando lo que definen como  "un derecho fundamental de acceso a un espacio natural protegido".

El lugar, considerado un espacio público, contaba con accesos gestionados por el camping a través de diversas modalidades: pago diario, suscripción como socio o registros de entrada con condiciones restrictivas. Sin embargo, desde su cierre, las entradas han sido completamente bloqueadas, dejando como única alternativa un peligroso camino de montaña, intransitable para personas con movilidad reducida o familias con niños pequeños.

"El acceso por la montaña no es una solución viable. No todos pueden recorrerlo, y menos personas discapacitadas o niños. Nuestra lucha busca que se respete el acceso público, derribando el muro que bloquea el paso", afirmó A.M.

La plataforma integrada por usuarios y residentes, ha llevado su reivindicación a todos los niveles posibles. Denuncias han sido presentadas ante la Demarcación de Costas del Estado, la Confederación Hidrográfica del Segura y otros organismos, además de contar con el respaldo de distintos partidos políticos locales.

"La única respuesta concreta que hemos recibido es que el Ayuntamiento instará a Costas a abrir el acceso", comentó A.M. Sin embargo, aseguran que no cesarán en sus protestas hasta que la situación sea resuelta.

Desde la organización, se están realizando manifestaciones cada 15 días para visibilizar el problema y reclamar la apertura del acceso. Estas concentraciones buscan mantener el foco público sobre lo que consideran un intento de privatización de un espacio público protegido.

"No permitiremos que se convierta en un bien privado bajo el pretexto de la gestión del camping. Este espacio pertenece a todos", declaró el portavoz.

Más allá del acceso a la playa, el cierre del lugar ha generado incertidumbre para los residentes que vivían en el lugar y los usuarios frecuentes. Aunque el portavoz prefirió no entrar en detalles sobre las disputas legales entre los antiguos inquilinos y la nueva administración, reconoció que "muchas personas se sienten afectadas y desamparadas por la situación".

La plataforma ciudadana asegura tener una hoja de ruta definida, que incluye la continuación de concentraciones constantes y el mantenimiento de acciones legales hasta lograr la apertura del acceso, siendo dirigidas por el abogado Pepe Fernández, quien está ayudando en el caso de manera gratuita.

"Estamos dispuestos a llegar a donde sea necesario. Si los muros no se han derribado todavía, es porque no hemos agotado todas nuestras opciones", concluyó A.M.