La Audiencia Nacional ha dado inicio al juicio de la rama regional del caso Púnica, un escándalo de corrupción que salpicó a varias figuras políticas y empresariales de la Región de Murcia. Entre los acusados destaca Juan Carlos Ruiz, exconsejero del Gobierno regional, quien se enfrenta a cargos por supuestamente utilizar fondos públicos para trabajos de reputación online con fines personales.

En la primera jornada, celebrada en la sede de San Fernando de Henares (Madrid), la acción popular ejercida por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) retiró las acusaciones contra las empresas Eico y Madiva, actualmente en concurso de acreedores.

El abogado de Ruiz, Raúl Pardo-Geijo, intentó aplazar el juicio alegando conflictos con otros casos, pero el tribunal rechazó la solicitud tajantemente, dejando claro que el proceso continuará según lo programado. La próxima vista está fijada para el 16 de enero, cuando comenzarán las declaraciones de los testigos.

La Fiscalía acusa a Ruiz de haber utilizado su posición como consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en 2014 para contratar a la empresa Eico, gestionada por Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso. Según el Ministerio Público, los servicios contratados se centraron en mejorar su presencia en redes sociales y posicionar su nombre de manera favorable en Internet, todo ello con el objetivo de postularse como candidato a la presidencia de la Comunidad.

El esquema, según el Fiscal, incluyó la licitación de contratos públicos con compañías que, en realidad, prestaban servicios de carácter personal. Para ello, el acusado habría aprovechado la falta de fiscalización previa en los Institutos de Turismo y Fomento, organismos bajo su control.

La Fiscalía solicita para Ruiz una condena de cuatro años de prisión, distribuidos en dos años y seis meses por un delito de fraude, y un año y seis meses por tráfico de influencias en concurso con prevaricación. Además, se le pide una multa de 150.000 euros.