No habrá regeneración de la bahía de Portmán a corto, y quizá tampoco, a medio plazo. El Ministerio de Transición Ecológica lleva más de cinco años atascado en la definición de una alternativa que sirva de base para elaborar el nuevo proyecto de recuperación de la ensenada, que se anunció en abril de 2019, en vísperas de las elecciones generales, tras paralizarse las obras en marcha desde 2016. En este momento, lo único que tiene encima de la mesa el departamento que dirige Sara Aegesen son tres opciones, a modo de borrador –ni siquiera anteproyecto– para sacarlas a información pública. Después de examinar las aportaciones de las personas físicas o jurídicas que lo deseen, espera poder tomar una decisión "lo más consensuada posible". 

Una de esas opciones es el sellado de la bahía. Una medida que no gusta en la pedanía costera de La Unión. Es por ello que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comerca 'Fernando Garrido' solicitó a la Delegación del Gobierno permiso para manifestarse el próximo 11 de febrero frente a su sede para defender la regeneración de la bahía de Portmán. 

La convocatoria sería frente al edificio del paseo Teniente Flomesta de Murcia de 11:00 a 13:00. Junto a la asociación promotora, estarían presentes la Liga de Vecinos de Portman, Ecologistas en Acción, Anse, la Fundación Sierra Minera, entre otras agrupaciones. 

Volver a hablar de Portmán y su bahía es una de las principales puntas de lanza del alcalde unionense, Joaquín Zapata. El regidor afirmó, el pasado 16 de enero, durante la firma del acuerdo con COEC que "no aceptará una solución que no devuelva la formma original de herradura a la bahía". 

Según Zapata el sellado "no cumple con los principios de justicia ambiental ni con la normartiva europea". "Convertir un paraiso natural en un símbolo de desolación no es una opción", concluyo el alcalde de La Unión. 

Desde 2006, todos los intentos de sacar adelante los proyectos han sido infructuosos. En 2016, el Gobierno central entonces liderado por el PP, inició las obras sobre la base de un proyecto aprobado en 2011 con un ejecutivo socialista. Sin embargo, tres años después, el Ministerio para la Transición Ecológica, de nuevo con el PSOE al mando, paralizó las obras bajo dos argumentos: la imposibilidad técnica de continuar y el litigio entre las empresas que habían sido licitadoras del proyecto.