El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual y sin recorte salarial. Tras este visto bueno, el Gobierno envía el texto del anteprotecto de ley a que reciba los informes institucionales preceptivos y, posteriormente, entrará en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo ha adminitdo que tendrá dificultades para sacarlo adelante y que pueda entrar en vigor. 

Así lo han reconocido expresamente este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, tanto el titular de Economía, Carlos Cuerpo, como la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría. El primero ha asegurado que las dos formaciones del Ejecutivo de coalición “comparten la necesidad de avanzar en la reducción de la jornada y en hacerlo lo más rápido posible”. Para después admitir que el Gobierno “ya tiene en marcha esa negociación parlamentaria, que no va a ser fácil”, pero que pondrá todos los esfuerzos para llegar a un consenso lo antes posible.

En la misma línea, la ministra portavoz ha indicado que el Ejecutivo “no es ingenuo” y es “consciente” de su situación de “minoría parlamentaria” y de las dificultades consiguientes para obtener mayorías. Más en concreto, Alegría reconoció también que las negociaciones del Gobierno con los nacionalistas catalanes son “constantes y complejas”.

Algo más optimista se mostró la vicepresidenta Díaz, quien rechazó que la advertencia de Junts a una posible negativa a respaldar la reducción de la jornada fuera una amenaza al Gobierno. “La pregunta es si el PP va a repetir el error de la reforma laboral o va a aprovechar este cambio histórico para reconciliarse con sus votantes”, quienes, en opinión de Díaz, “también quieren la reducción del tiempo de trabajo”. La presidenta ha dicho que el partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo debe fijar si su prioridad es “tener una oposición absolutamente destructiva e inútil”.

A las dificultades reconocidas por el Gobierno para sacar adelante la medida en el Parlamento se une la presión de las orgabizaciones empresariales. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que los empresarios “defenderán sus posturas (de rechazo a la reducción horaria) y trasladarán a los partidos políticos sus opiniones, también legítimas”.

.