El Gobierno ya ha aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de reducción de jornada, aunque ha de lograr el voto favorable del Congreso para su aplicación. Una medida que beneficiaría a 12,5 millones de personas según cálculos del Ministerio de Trabajo. El departamento que dirige Yolanda Díaz basa su estudio en la estadística global de convenios, pero la letra pequeña de cada uno de ellos permite ir más alla. 

No obstante, todos estos cambios deben pasar por un proceso de tramitación que dilatará su entrada en vigor, al menos, hasta diciembre. El ejecutivo de coalición no tiene garantizados los apoyos parlamentarios suficientes, por lo que en la negociación que mantendrá con los diferentes grupos políticos podrían modificarse algunos aspectos del texto pactado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos el pasado 20 de diciembre. 

El cambio más importante es la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. Si no cambia lo aprobado por el Ejecutivo, pasará a decir lo siguiente: "La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efecitvo de promedio en cómputo anual". Sin embargo, si ya se trabajan menos de cuarenta horas, la reducción será proporical y si la jornada ya es de 37,5, el cambio no afectará. 

Las horas por encima de las 37,5 que hagan los trabajadores a partir de que entre en vigor la nueva jornada máxima serán consideradas extraordinarias. 

En lo que respecta al salario, en el anteproyecto se especifica que el empresario no podrá elimminar, compensar o absorber los complementos salariales u otras condiciones beneficiosas que reciba el trabajador a cambio del recorte obligatorio del tiempo de trabajo. En el caso de los trabajadores con jornadas parciales, la suma de las horas ordinarias y las complementarias, incluidas las previamente pactadas y las voluntarias, no podrán exceder las 37,5 horas según lo aprobado por el Gobierno.

Lo que puede cambiar en el Congreso

A tenor de como han transcurrido las negociaciones del diálogo social durante los últimos once meses, una de las monedas de cambio del Ejecutivo en la Cámara Baja para atraer a algunos grupos podría ser la recuperación de las ayudas a las pymes. 

Las menciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a estas ayudas y a la posibilidad de aplicar el recorte de jornada de manera más progresiva podrían suponer también algún cambio en su calendario final de aplicación, yendo más allá del final de 2025. No obstante, desde la parte del Gobierno de Sumar rechazan firmemente una mayor progresividad. Asimismo, algunos grupos podrían exigir cambios, en consonancia con las exigencias empresariales, relacionadas con el endurecimiento de las multas del registro, el aumento proporcional del salario de los trabajadores a tiempo parcial u otras cuestiones que aún no se han abordado.