Cada año, surge el mismo debate: ¿es posible fijar distintos salarios mínimos territoriales en función de las características particulares de las autonomías o municipios? Un estudio realizado por los investigadores, Adrián Todolí y Paula López, concluye que es el establecimiento de un salario mínimo interprofesional (SMI) local o regional produce efectos positivos y negativos menores que cuando el establecimiento se produce a nival de todo el Estado. 

En palabras de Todolí, “los trabajadores que verían mejorado su salario gracias al aumento del SMI pueden acabar desplazándose a trabajar en empresas situadas en municipios o regiones vecinas donde el SMI es inferior, de forma que se limitan los efectos positivos del incremento del salario mínimo”.

Como aspectos positivos de esta regulación, Todolí y López destacan que la mayoría de la literatura concluye que el aumento del SMI mejora el crecimiento económico del municipio donde hay un SMI propio. “Las ciudades con salario mínimo generalmente tienen una mayor proporción de trabajadores con educación superior, una mayor proporción de la fuerza laboral en el sector de servicios profesionales y, por lo tanto, una base de consumidores con más ingresos”, explican.

Además, el incremento del salario mínimo aumenta el consumo de las viviendas y reduce la deuda de las personas. El aumento del SMI –tanto local como regional– también baja la diferencia salarial entre categorías profesionales, dentro de las empresas, es decir, entre quienes más ganan y quienes menos.

Como aspectos negativos de implementar esta nueva situación, Adrián Todolí y Paula López apuntan que la literatura científica muestra que en municipios y regiones pequeñas donde el SMI aumenta se ve reducida la tasa de crecimiento de empresas, las cuales deciden implantarse en municipios con menos costes.

También, la proximidad entre municipios produce que a los consumidores compren en aquellos donde los precios son más bajos, hecho que repercute en la competitividad de las empresas; o se destaca que el incremento del SMI local puede provocar un incremento de los alquileres, aspecto que perjudica fundamentalmente a los hogares con ingresos bajos (mayoritariamente inquilinos) y beneficia a las personas propietarias, que son las que habitualmente tienen ingresos más elevados.

Por último, el estudio señala otros efectos no económicos que pueden producirse cuando el salario mínimo es fijado por la administración pública local o regional y no mediante la negociación colectiva, como por ejemplo la polarización de la regularización salarial o el debilitamiento de la misma negociación colectiva y sindical.