Vuelven las 'hostilidades' entre los vecinos de El Portús y los propietarios del camping, y es que la instalación de casas móviles en el complejo turístico ha encendido todas las alarmas entre los colectivos ecologistas. La Plataforma Cala Morena Libre ha denunciado públicamente la presencia de estas 'mobile-homes', que, según la legislación vigente, requieren una licencia urbanística para su colocación, algo que, según aseguran, el camping no ha tramitado ni obtenido.

El enclave donde se encuentra el camping está protegido bajo la Red Natura 2000 con la categoría de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), lo que refuerza la necesidad de una regulación estricta en cualquier tipo de intervención urbanística. Sin embargo, la plataforma asegura haber solicitado información sobre la supuesta autorización de estas construcciones tanto al Ayuntamiento de Cartagena, como a la Comunidad Autónoma y al Gobierno central, sin haber recibido ninguna respuesta hasta la fecha. Este silencio administrativo está generando ciertas sospechas entre la población y los miembros de la organización, pues creen que las viviendas han sido instaladas sin los permisos necesarios.

Otro de los puntos que sigue generando malestar entre los activistas es la restricción del acceso a la playa de Cala Morena, una de las más visitadas de la zona y cuyo acceso natural pasa por el interior del camping. Argumentan que las obras en curso siguen impidiendo la apertura del paso,  e insisten en que esas supuestas obras no tienen licencia oficial, por lo que consideran que la restricción es completamente ilegal.

Desde el colecttivo recuerdan que la Ley de Servidumbre de Paso, recogida en el Código Civil en su Título VII, Capítulo II, Sección 3ª,  establece que los propietarios de terrenos en primera línea de costa no pueden impedir el acceso libre a las playas, ya que estos son de dominio público. Ante esta situación, exigen a las administraciones competentes que tomen medidas inmediatas para investigar y regularizar la situación del camping, garantizando el cumplimiento de la normativa urbanística y medioambiental en un entorno natural de gran valor. Además, insisten en que el acceso a la playa debe restablecerse de manera inmediata, evitando que los ciudadanos se vean privados de su derecho a disfrutar de un espacio público que pertenece a todos.