El Instituto de Mediación de Economistas de la Región de Murcia ha dado sus primeros pasos con el  propósito de fomentar la resolución de conflictos fuera de los tribunales. Su objetivo es claro: ofrecer una alternativa rápida y efectiva para evitar la sobrecarga judicial en asuntos civiles y mercantiles, evitando procesos largos y costosos para las partes involucradas. La iniciativa, promovida por el Colegio de Economistas de la Región de Murcia , fue presentada por el decano del Colegio, Ramón Madrid, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Miguel Pascual del Riquelme. En el evento, se destacó la importancia de esta neva herramienta, que permitirá gestionar disputas sin necesidad de acudir a los tribunales, logrando acuerdos satisfactorios para ambas partes.

 Para facilitar el acceso a la mediación, el Colegio ha puesto en marcha la web    https://mediacionregiondemurcia.com, donde los ciudadanos pueden encontrar información detallada sobre el proceso, consultar un registro de mediadores acreditados y acceder a la normativa vigente.

 Madrid recordó que esta iniciativa no surge de la nada, sino que tiene sus raíces en la gran crisis financiera de 2008. En aquel momento, se puso en marcha el Instituto de Mediación Hipotecaria, una iniciativa que ayudó a cientos de familias afectadas por desahucios y embargos. “Nos encontramos con situaciones dramáticas en las que muchas familias no sabían cómo negociar con los bancos ni qué opciones tenían para evitar perder sus viviendas. Decidimos ponernos manos a la obra y, con la colaboración de la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento de Murcia y ONGs como Cáritas, logramos mitigar los efectos de la crisis en muchas de ellas”, explicó el decano. Ahora, el enfoque va más allá del ámbito hipotecario. Se busca aplicar la mediación a otros conflictos, como problemas en empresas familiares por relevo generacional o disputas mercantiles, en los que un acuerdo puede evitar años de litigios.

Por su parte, Pascual del Riquelme subrayó que esta nueva vía de resolución de conflictos cobra especial importancia con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia (LO 1/2025) . La normativa, que comenzará a aplicarse el 3 de abril de 2025, obligará a intentar una mediación antes de interponer una demanda. Es decir, cualquier persona que desee iniciar un proceso judicial deberá presentar un certificado que acredite que ha intentado resolver el conflicto mediante un Método Alternativo de Resolución de Conflictos (MASC) antes de llevar el caso ante un juez.

Uno de los puntos clave que se destacó también en la presentación fue la necesidad de reducir el volumen de litigios en los tribunales. El presidente del TSJRM ofreció un dato contundente: las empresas del Ibex 35 destinan más de 12.000 millones de euros cada año a reclamaciones judiciales. Esta cifra evidencia la cantidad de recursos que se invierten en disputas legales y cómo esto impacta en la economía y en el sistema judicial. En este contexto, la mediación no solo ahorra dinero, sino que también reduce el impacto emocional que supone enfrentarse a un juicio. Así lo explicó el economista y mediador Miguel Regino, quien lleva años promoviendo la mediación como solución práctica: "Muchas veces, los conflictos pueden resolverse con un simple proceso de mediación, sin necesidad de entrar en una batalla judicial. Es mucho más barato, rápido y, sobre todo, evita el desgaste emocional de ambas partes”.

Esta nueva estrategia no es algo exclusivo de España. Países como Reino Unido y Francia llevan años aplicando modelos similares con resultados positivos en la reducción de litigios. El reto ahora es dar a conocer esta herramienta y que tanto particulares como las compañías vean esto como una oportunidad para solucionar problemas de forma ágil, sin el coste y el desgaste de un juicio tradicional.