La economía social en la Región de Murcia ha dado un paso firme hacia el futuro con la firma del VI Pacto Regional por la Economía Social 2025-2028, un acuerdo que supone una inversión de 55 millones de euros y que tiene como meta la creación de más de 6.000 empleos en los próximos años. El acto, celebrado en el Palacio de San Esteban, ha estado presidido por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, acompañado por representantes de las principales organizaciones del sector, como Ucomur, Ucoerm, Crysalia, Fecoam, Amusal y Fecamur.

Durante su intervención, López Miras habló sobre la importancia de este nuevo modelo económico, que no solo genera empleo, sino que lo hace con un enfoque más justo y sostenible. "No se trata solo de producir riqueza, sino de distribuirla de manera equitativa y garantizar empleo estable para todos", afirmó el presidente.

El sector ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. En la última década, se crearon más de 1.700 empresas de este tipo en la Región, y solo en el último pacto (2021-2024) se pusieron en marcha casi 600 nuevas cooperativas y sociedades laborales. Actualmente, más de 2.500 compañías dentro de este ámbito generan empleo para más de 100.000 personas.

Para seguir impulsando este crecimiento, el nuevo acuerdo se basa en tres ejes, con más de 100 medidas destinadas a reforzar y modernizar el sector. El primero  busca dar mayor visibilidad a la economía social, promoviendo su impacto y su importancia dentro del tejido productivo. El segundo está enfocado en mejorar la competitividad e innovación, impulsando la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías, como la IA, para que las empresas puedan ser más eficientes. Por último , el tercero apuesta por la sostenibilidad y la economía circular, con el objetivo de que las compañías sean también un referente en el cuidado del medioambiente.

Otro de los aspectos más importantes de esta iniciativa es el incremento de las ayudas a cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. Se destinarán 6,5 millones de euros anuales a centros especiales de empleo de iniciativa social, que ayudan a la integración laboral de personas con discapacidad. Además, se pondrá en marcha el Observatorio para la Contratación Responsable, dando respuesta a las necesidades de empresas de inserción y centros especiales de empleo, con el objetivo de  promover  la contratación de proyectos con impacto social. Además, la formación también será clave. Se reforzará la enseñanza universitaria, y en este año, se inaugurará el Hub de la Economía Social, un centro de referencia para la innovación en el sector, con una inversión de 1,1 millones de euros.