El Gobierno tacha de "imposible" la condición impuesta por Junts para sentarse a negociar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025, que pasa por que el Estado pague unos 50.000 millones de euros en concepto de "deuda pendiente" en materia de infraestructuras.

El partido de Carles Puigdemont aseguró que no se sentará a la mesa a negociar unas nuevas cuentas generales si el Ejecutivo Central no paga esa cantidad, que sale de las promesas de inversiones que no se han ejecutado, según el cálculo que hace la formación independentista. "Primero pagar, después negociar", dijo este mismo lunes el portavoz Josep Rius.

Junts estableció esta premisa poco después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración. De este modo despejó las dudas de que este pacto abriese la puerta a que Junts diese su apoyo para aprobar nuevos PGE.

En Moncloa son conscientes de que no cuentan con el compromiso de Junts y cada negociación supone un capítulo diferente. Es decir, haber alcanzado un acuerdo previo no significa que vayan a cerrar con éxito la siguiente negociación.

En cualquier caso, el Ejecutivo rechaza de plano cumplir esta exigencia, que consideran que en, ocasiones, los grupos establecen condiciones de partida inasumibles.

Aunque insisten en que esa condición es inaceptable, consideran que pueden empezar a dialogar a partir de ahí para poder llegar a un acuerdo y negociar un proyecto de PGE para este año.