El Gobierno y los accionistas de Banco Sabadell se perfilan como los siguientes obstáculos en la OPA que BBVA quiere lanzar sobre la entidad catalana, después de que, según fuentes conocedoras del proceso, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vaya a optar por imponer pequeños 'remedies' en el análisis de Fase 2.

En concreto, la CNMC va a optar por pactar con BBVA medidas similares a las que el banco ya propuso en fase 1, lo que implicaría descartar desinversiones y allanar el camino a la operación, obviando así las alegaciones presentadas por Sabadell, en las que pedía medidas de carácter estructural y rechazaba la metodología empleada por la CNMC.

El equipo jurídico de Sabadell sugería en cambio emplear el sistema que la Comisión Europea había utilizado para analizar fusiones y que se usó para la operación entre TSB y Lloyds.

Sin embargo, la CNMC habría ya prácticamente tomado su decisión, antes incluso de realizar el llamado 'test de mercado', trámite para dar voz a todos los potenciales afectados por la operación, lamentan las mismas fuentes.

En fase 1, Competencia ya realizó un test entre operadores de banca tradicional, banca digital (neobancos y fintechs), asociaciones de consumidores y asociaciones empresariales.

En la nota sucinta que publicó en noviembre, cuando anunció que elevaba la operación a fase 2, la CNMC explicaba que realizó un ejercicio para conocer la opinión del mercado sobre el riesgo de reducción de crédito a pymes y señaló que no fue concluyente, puesto que ciertos actores bancarios consideraban que las necesidades de diversificación de las pymes tras la concentración podrán ser satisfechas por otros operadores, mientras que las asociaciones identificaban el riesgo mencionado.

En esta fase 2 la CNMC ha descartado las personaciones de 79 organizaciones, incluyendo asociaciones empresariales, sindicatos o cámaras de comercio.

Ante esta postura, esta semana Foment del Treball ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional que ha sido admitido a trámite, y donde se incluyen medidas cautelares como paralizar el proceso, si bien todavía no se ha resuelto este último punto. Fuentes de la CNMC señalan que, por el momento, el proceso sigue su curso, pero que respetará la decisión que tome la Justicia.

También la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) se ha quejado de esta situación y se ha sumado a Foment y a la Confederación de Empresarios de Galicia para reclamar que se tenga en cuenta a "todas las partes interesadas" en la OPA, principalmente a los pequeños y medianos empresarios, representadas por las asociaciones empresariales.