La Consejería de  Agricultura ha anunciado la puesta en marcha de un plan de inspecciones que prevé revisar medio millar de explotaciones agrícolas entre 2025 y 2027. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa que regula el uso de fertilizantes y el control de la contaminación por nitratos de origen agrario, especialmente en zonas calificadas como vulnerables. Estas inspecciones se enmarcan dentro del Plan de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos y de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor (Ley 3/2020). Además, buscan asegurar que las prácticas agrícolas se alineen con el Código de Buenas Prácticas Agrarias y con los principios de la nutrición sostenible de cultivos.

La Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera será la encargada de coordinar las inspecciones. La selección de las explotaciones se realizará atendiendo a criterios técnicos, como la concentración de nitratos en las aguas subterráneas y superficiales, o el nivel de riesgo asociado a los suelos de cada zona, según los mapas elaborados por la propia Comunidad. El plan también pondrá el foco en fincas no inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias y en aquellas en las que se haya transformado ilegalmente suelo de secano en regadío, sin contar con los permisos pertinentes de aprovechamiento de aguas. En estos casos, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) juega un papel importante, ya que será la encargada de trasladar la información sobre regadíos prohibidos o cesados a la administración autonómica.

Además de las inspecciones rutinarias, se llevarán a cabo controles extraordinarios derivados de denuncias ciudadanas, de organizaciones ecologistas o de informes de Seprona, agentes medioambientales o policías locales. También se activarán cuando haya que investigar incidentes ambientales o potenciales riesgos para la salud pública.

La Consejería señala que esta iniciativa responde a la necesidad de salvaguardar el equilibrio ecológico de la laguna salada, un ecosistema especialmente sensible al exceso de nutrientes y contaminantes derivados de la actividad agrícola intensiva. En este sentido, se vigilará de forma específica la aplicación de estiércoles y purines como fertilizantes, asegurando que su uso no vulnere los límites fijados en la normativa autonómica. Las actuaciones contempladas  incluyen también expedientes de restitución de cultivos, cuando se detecten explotaciones  que operan sin los permisos legales necesarios en materia de agua o fertilización. Estas inspecciones se apoyan en la Ley del Mar Menor, que exige la retirada de cultivos en terrenos no autorizados para el riego.

El Gobierno regional subraya que esta estrategia de control tiene como finalidad fomentar un modelo agrario más sostenible y responsable, compatible con la preservación de los recursos naturales. Según explican desde la Consejería, se vigilará al menos al 1% de los titulares de explotaciones agrarias inscritas en el registro autonómico, y se ampliará hasta el 2% en el caso de aquellas localizadas en zonas especialmente sensibles, como el entorno del Mar Menor. El plan se aplicará de forma gradual durante los próximos tres años y forma parte de la batería de medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para reducir la contaminación agrícola y reforzar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la Región de Murcia.