Según la exposición de motivos de la Ley Concursal, “El Convenio es la solución normal del concurso, que la Ley fomenta con una serie de medidas… Entre las medidas para facilitar esta solución del concurso destaca la admisión de la propuesta anticipada de convenio por parte del deudor”.

La finalidad de la Ley Concursal es el establecimiento de un marco legal único en el que todos los acreedores de una empresa en dificultades tuvieran las mismas oportunidades para el cobro de sus créditos.
 
Además, incluía un importante incentivo para que fuera el propio deudor quien, siguiendo una actuación responsable y diligente con su empresa, trabajadores y acreedores, solicitase la declaración de concurso voluntario cuando conociese su situación de insolvencia, ya fuera actual o inmediata.

En cuanto a las soluciones al concurso, introduce numerosas medidas para tratar de proporcionar viabilidad a la empresa en dificultades, ya que es la mejor vía para garantizar los puestos de trabajo y para que los acreedores cobren el máximo de sus créditos.

Pues bien, analizando las estadísticas publicadas trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cabe preguntarse si nuestra Ley Concursal está cumpliendo los objetivos para los que fue promulgada hace casi 10 años. En mi opinión, está ocurriendo todo lo contrario.

En primer lugar, el INE publica un gráfico de “Empresas concursadas / Stock de Empresas” por actividad económica. Llaman la atención los porcentajes en 2012 (0,61% en el sector de Industria y energía, 0,43% en el sector de la Construcción, 0,17% en el Comercio y 0,08% en Hostelería) porque no cuadran con las tasas de morosidad publicadas por el Banco de España: un 10% para las empresas no inmobiliarias y casi un 30% para las empresas del sector de la construcción a 31 de diciembre de 2012. Luego nuestra primera conclusión podría ser muy pocas empresas acuden al procedimiento concursal para solucionar sus problemas de liquidez y solvencia.

Esta conclusión está relacionada con la siguiente variable a analizar. Desde 2008 hasta 2012 el 94% de los concursos han sido solicitados voluntariamente por los deudores, mientras que tan sólo el 6% han solicitados directamente por algún acreedor. Instar un concurso necesario implica “ganarse” un enemigo de por vida y, aunque es casi imposible cobrar un crédito en la actualidad, los acreedores no buscan esa solución conjunta que impera en la Ley Concursal.

Pero sorprende aún más el número de propuestas de convenio presentadas en los concursos de acreedores en los últimos años. En 2011 y 2012 sólo en el 1,4% de los procedimientos se presentó una solicitud de propuesta de convenio. En la Región de Murcia tan sólo 2 propuestas de convenio en los 531 concursos declarados. Es decir, que sólo 2 deudores creían firmemente en su empresa y presentaron un plan de negocio a medio y largo plazo junto con un plan de pagos para intentar satisfacer las deudas que habían contraído. Uno de ellos consiguió más de un 40% de adhesiones a su plan de viabilidad, pero ni las entidades bancarias ni Hacienda ni la Seguridad Social se adhirieron al mismo porque, según manifestaron, “nunca se adhieren”.

Estos datos nos revelan una situación que no tiene nada que ver con los propósitos y objetivos de la Ley Concursal:

-        Las empresas no confían en el marco legislativo concursal para resolver sus problemas de insolvencia.

-        Tratan de negociar con las entidades bancarias, a cambio de innumerables ventajas y garantías, la renegociación de sus créditos para que sus negocios tengan viabilidad. Los bancos, que hemos rescatados con dinero público (unos directamente y otros mediante “subvenciones encubiertas” a través del descuento de deuda pública española al 5% en el Banco Central Europeo por un coste del 1%), continúan el “saqueo” de las empresas mediante el siguiente juego: “o me das más bienes en garantía para comprar mis créditos o jamás conseguirás un convenio en un concurso de acreedores”.

-        Y Hacienda y la Seguridad Social (sector público) actuando como bancos.

En resumen, en un sistema económico con una altísima dependencia de la financiación bancaria, seguimos pagando los de siempre (en este caso perdiendo nuestros créditos) mientras los bancos y el sector público continúan “a lo suyo” en perjuicio del resto de acreedores comunes.

Cuando no quede ninguna empresa nos preguntaremos cómo hemos llegado a esa situación, pero, probablemente, ya sea tarde para recuperar nuestro tejido industrial.

Tal vez deberíamos reflexionar sobre cómo modificar Ley Concursal que tenemos para que no se llegue a esa situación.
 
Artículos de Ramón Pedreño en su blog del Círculo de Economía