Reyes Samper, Mariola Martínez y José Fidel Saura han presentado esta mañana su dimisión como directora del Instituto de Fomento, del Instituto de Turismo y como jefe del Gabinete de la consejería de Industria y Turismo, respectivamente.

Los tres altos cargos prestaron declaración este lunes ante la Guardia Civil dentro de la 'Operación Púnica' que instruye la Audiencia Nacional.

Reyes Samper, la primera de los tres que compareció en la rueda de prensa anunciada para las 11.00 horas, ha señalado que no está imputada oficialmente por el juez y que no fue detenida en ningún momento. Asimismo, José Fidel Saura, asegura que no sabe de qué se le imputa y que abandona el Gabinete del consejero Juan Carlos Ruiz "para no perjudicar al partido".

Por su parte, Mariola Martínez, afirma que "nunca se ha llevado un cétimo de la Administración" y que abandona la Consejería para "defender lo más hermoso que tengo: la honorabilidad".

Desde la Asamblea Regional, el presidente Garre agredeció "el gesto de generosidad" de los tres ya ex altos cargos y dijo que si se demuestra su inocencia "se buscará la forma de compensarles".

Por su parte, el consejero Juan Carlos Ruiz anunció que no cubrirá los puestos vacantes y que esperará hasta que se aclare la situación de los implicados.

Con lágrimas en los ojos, Reyes Samper y Mariola Martínez, inisistieron en que el contrato con Madiva Editorial y Publicidad y por un importe de 24.000 euros se firmó el pasado viernes y que cumple con todos los requisitos legales, por lo que desconocen cuál es la causa por la que están implicadas en la macorredada contra la corrupción.

La sospecha generalizada es que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de todos los clientes de la empresa para averiguar si alguna de las operaciones era fraudulenta. Y lo que se desconoce es si la detención de Jesús Galindo, secretario general del Instituto de Turismo, también está relacionada con este contrato.

Galindo, que ha permanecido toda la noche del lunes en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, será trasladado a Madrid para prestar declaración en la Audiencia Nacional.