La Asamblea Regional debate este jueves 16 de febrero la moción de la moratoria urbanística para el Mar Menor propuesta por el PSOE y apoyada por Podemos, cuya aprobación supondría la suspensión de todos los desarrollos urbanísticos que afecten directa o indirectamente al Mar Menor.

La Asociación de Promotores solicita a los grupos políticos que voten en contra de esa moratoria, defendiendo que toda iniciativa urbanística en la zona del Mar Menor puede ir acompañada de su evaluación de impacto para evaluar si procede o no su desarrollo sin necesidad de recurrir al veto directo.

“La paralización que se va a debatir en la Asamblea no aporta soluciones y sí ahuyenta a los inversores, eso es lo único que se va a conseguir. Legislemos pensando en la seguridad jurídica y la sostenibilidad ambiental, no en la prohibición”, afirma José Hernández, presidente de Apirm.

Según ha defendido APIRM, el enfoque del debate es el equivocado y no se está poniendo el foco donde la Región lo necesita, que es en la actualización de los planes generales de los municipios de costa, como se lleva pidiendo desde hace muchos años.

“Los planes generales en la costa regional llevan una media de 30 años sin ser revisados; ese es el problema y esa es la línea en la que Gobierno y Asamblea deberían trabajar. Que exijan a los ayuntamientos que pongan en marcha sus planes generales, que para eso están. Prohibir sin más es un gran paso atrás jurídico y social”.

Planes urbanísticos que duermen en los cajones
La situación de los planes generales en la costa se encuentran en la siguiente situación: Águilas, planificado en 1993, lleva 24 años sin revisar; Mazarrón, planificado en 1987, 30 años sin revisar; Los Alcázares, planificado en 1984, 33 años sin revisar; San Javier, planificado en 1989, 28 años sin revisar;  San Pedro del Pinatar, planificado en 1984, 33 años sin revisar; y Cartagena, actualmente con sentencia de anulación de la revisión de 20 mayo  de 2015.

“Todos los grupos políticos defienden que hace falta un modelo de Región y nosotros también. Pues aquí están las herramientas legales y urbanísticas para hacerlo bien. No hace falta inventarse moratorias. Más gestionar y menos hacer política”, concluye Hernández.