Si algo condiciona las relaciones de las empresas con las administraciones públicas a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, es sin duda la obligatoriedad de relacionarse con ellas por medios electrónicos exclusivamente. En esa misma línea la nueva LCSP incide y se refirma en la estrategia y todo el proceso de licitación de principio a fin, con la consecución de certificados y firmas digitales hasta la facturación electrónica, y en cada una de sus fases, se tiene que realizar de forma electrónica. Ya que sin duda lo que esta previsto como una puerta que iguale a las Pymes con las grandes corporaciones, se puede convertir en un muro infranqueable que las deje definitivamente fuera de ese 20% del PIB que además es dinero público.

Y todo eso teniendo en cuenta la situación de retraso endémico que arrastran las distintas Administraciones y la lentitud con la que abordan cualquier proceso de cambio, unido a la falta de recursos presupuestarios de los últimos años hace que las primeras que no están a la altura de las circunstancias son ellas. La prueba más clara fue el pasado dos de octubre de 2018 cuando el gobierno, a través del Real Decreto-ley 11/2018 de 31 de agosto, tuvo que ampliar el plazo en dos años más, de los dos que ya le concedía la 39/2015, para la puesta en marcha de todos los servicios de la Administración electrónica.

Pero el sector pyme/autónomo no le va a la zaga en el tema de la baja implantación de sistemas electrónicos en la gestión de sus organizaciones, ya que absorbidos en la gestión de su día a día les es realmente complicado adoptar cambios estructurales en su funcionamiento. Hasta el punto de que se vio reflejado en un estudio presentado el pasado siete de febrero en Croem y realizado por el Observatorio de la Pyme donde se recoge que las empresas de la Región están perdiendo el paso de la digitalización y la innovación.

Llegados a este punto, y si no queremos que un amplio sector de nuestro tejido productivo se quede en la marginalidad tecnológica, las AA.PP. tendrán que hacer un doble esfuerzo, por un lado invertir en infraestructuras y formación para la modernización de sus estructuras de cara a la implantación real de una Administración electrónica, y por otro apoyar también con medios y mucha formación a este sector de nuestro tejido productivo tan importante y por el que la LCSP hace una importante y nítida apuesta estratégica, como iremos viendo a lo largo de estos artículos. Sin obviar el compromiso de cambio, exigible al sector pyme.

Linkedin: José María Gregorio