La pasada semana la entidad financiera Morgan Stanley pronosticó el hundimiento del PIB de España en más de un 20%, las previsiones del gobierno son más optimistas (un 9,2%). Estos pronósticos resultan incuestionablemente aterradores. Para que se hagan una idea, en el año 2009, el de mayor caída del PIB en la pasada crisis económica, éste descendió tan sólo un 3,8%. Dado que la anterior crisis acarreó un sinfín de aumentos de impuestos e incluso la creación de algunos nuevos, unidos a recortes en casi todas las partidas del gasto público, en esta crisis económica, cuyas consecuencias parece que sobrepasarán con creces las de la crisis anterior, no podemos esperar otra cosa que subidas de impuestos y recortes de nuestro estado del bienestar. Salvo que, en vez de recortar, emprendamos las reformas necesarias. La reforma de mayor urgencia es la de nuestro sistema de pensiones, que consume 1 de cada 5 euros del gasto público español.

Para comprender la cuestión, debemos en primer lugar tener presentes los dos grandes tipos de sistema de pensiones existentes en los países desarrollados: los sistemas de reparto y los sistemas de capitalización.

El sistema de reparto se fundamenta en el principio de “solidaridad intergeneracional”. Ésto quiere decir que las pensiones no constituyen el fruto del ahorro personal, sino que los trabajadores pagan con sus cotizaciones las pensiones existentes en un momento dado, generando asimismo los trabajadores un derecho para el cobro de una prestación futura. Es decir, los trabajadores actuales pagan unas cotizaciones a la seguridad social que sufragan los gastos de las pensiones actuales y que, a su vez, generan en favor del trabajador el derecho a cobrar una pensión cuando se jubile, la cual será costeada por las cotizaciones de los trabajadores que existan en ese momento.

Por su parte, los sistemas de capitalización se basan principalmente en el ahorro personal, de manera que las cotizaciones de los trabajadores se aportan a un fondo que es invertido a tipos de interés suficientes para evitar la pérdida de valor como consecuencia de la inflación, pudiendo disponer el trabajador de este fondo una vez se jubila.

Actualmente, España, junto con otros países del sur de Europa (Portugal, Italia y Grecia), cuenta con un sistema de reparto cuya génesis se remonta a la Ley General de Bases de la Seguridad Social de 1963. Desde entonces, el sistema ha sido objeto de distintas reformas coyunturales, pero no se ha planteado ninguna reforma estructural. Se trata, por tanto, de un sistema diseñado en un momento en el que la estructura demográfica de España se caracterizaba por la existencia de una enorme masa de trabajadores que financiaban el sistema con sus cotizaciones, que debían sufragar las prestaciones de un número muy reducido de pensionistas, siendo entonces el sistema perfectamente viable. Sin embargo, actualmente España camina hacia una pirámide poblacional invertida, de forma que las personas a mantener por el sistema igualarán o incluso superarán en número a las personas que lo mantienen. Ésto, unido a otros factores como el aumento en la formación de los trabajadores que ha conducido a una más tardía incorporación al mercado laboral, hace prácticamente imposible la sostenibilidad de las pensiones a medio plazo. Es por ello que, inevitablemente, en los últimos años se ha aumentado la edad de jubilación, se ha reducido el poder adquisitivo de los pensionistas y se ha prolongado el número mínimo de años cotizados. Medidas cuya adopción fue acelerada tras la última crisis económica y que se acelerarán todavía más con la presente crisis.

A fin de evitar todos estos recortes y dada la tendencia demográfica de España, es el momento de alzar la voz para reclamar una reforma del sistema que permita a los pensionistas mantener e incluso aumentar su poder adquisitivo a la vez que se procure un diseño que no deje a nadie en la estacada. En este sentido, países del norte de Europa como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Gran Bretaña o Irlanda ofrecen una referencia hacia la que debemos dirigirnos. En estos países se mantiene un sistema mixto a medio camino entre el reparto y la capitalización, que conserva la solidaridad en la base para garantizar un nivel mínimo de prestaciones a toda la población, pero que se combina con un sistema de capitalización y de gestión privada. De este modo, se garantiza el acceso de toda la población a las pensiones, pero el sistema deja de depender completamente de la “solidaridad intergeneracional”, lo que le permite ser mucho más resistente al envejecimiento de la población a la vez que se procura una mayor equivalencia entre las cantidades cotizadas y las prestaciones.

La transición desde un sistema de reparto hacia un sistema mixto es harto complicada y supone una gran complejidad técnica, no siendo yo la persona adecuada para desengranar los entresijos de la misma. Sin embargo, ante la evidencia de la insostenibilidad del actual sistema de pensiones español y pese a la resistencia de determinados políticos y medios de comunicación ideologizados para plantear un debate serio al respecto, he creído conveniente poner la cuestión sobre la mesa. Debemos apartar nuestros sesgos ideológicos y afrontar con responsabilidad las reformas necesarias para evitar recortes en nuestra calidad de vida, pues la realidad supera con creces a la ideología.