El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decidido imputar al consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia, Juan Carlos Ruiz, en una nueva fase de la investigación de la Operación Púnica. Esta fase tiene que ver con el amaño de adjudicaciones a cambio de 'mordidas', y junto al consejero murciano también han sido imputados otros altos cargos del Partido Popular en relación con este asunto: el todavía consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Salvador Victoria; la consejera de Educación, Lucía Figar; los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno y Mario de Utrilla.

Según la cadena SER, el juez Velasco les citará a declarar para cuando se constituyan los nuevos parlamentos en ambas comunidades y abandonen el estatus de protección acorde a su cargo, ya que no repiten en las distintas candidaturas por Murcia y Madrid. Según fuentes del caso, varios de ellos ya han recibido la comunicación del juzgado informándoles sobre su condición de imputados y serán convocados a declarar entre la última semana de junio y la primera de julio, cuando presumiblemente, dejen de ser aforados. El juez les atribuye supuestos delitos de malversación de caudales públicos, entre otros relacionados con la corrupción.

Ruiz se suma ahora a los otros imputados murcianos de la trama, como son las ex directoras del Instituto de Fomento, Reyes Samper, y del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, así como del ex secretario general de la consejería, José Fidel Saura, además del ex alcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso, considerado uno de los bastiones de la trama. La primera fase de la Púnica, que se saldó con la detención de todos ellos, tuvo lugar en octubre de 2014.

Al parecer, el contrato que está en cuestión tiene que ver con el posicionamiento de la Región de Murcia y su oferta turística en puestos destacados de los buscadores de internet y las redes sociales, supuestamente adjudicado a una de las empresas investigadas.