El consejero en funciones de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, ha presentado este miércoles su dimisión tras ser imputado dentro de la segunda fase de investigación de la Operación Púnica, que investiga las 'mordidas' en la adjudicación de contratos, y cuyo principal cabecilla es el ex número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. El ya ex consejero ha anunciado que renuncia al aforamiento, asegura que no tiene "nada que ocultar" y pide que su situación se resuelva cuanto antes.

Además de Ruiz también habrían sido imputados en la Comunidad de Madrid el consejero de Presidencia y Justicia de Madrid, Salvador Victoria; los diputados del PP en la Asamblea de Madrid, José Miguel Moreno y Mario de Utrilla y la consejera de Educación, Lucía Figar.

En la primera fase de la Operación Púnica, que tuvo lugar a finales del pasado mes de octubre de 2014, ya fueron imputados otros murcianos, como la entonces directora del Instituto de Fomento (INFO), Reyes Samper, la ex directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez, su ex secretario general, Jesús Galindo y el ex  jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, José Fidel Saura. También fue imputado entonces el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso.

Todos ellos tuvieron que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, Eloy Velasco, para dar cuenta de unos contratos con la empresa Madiva, gestionada por uno de los principales implicados, Alejandro de Pedro, y que tenía como objetivo la promoción del turismo náutico en el mercado británico. El importe del contrato objeto de la investigación ascendía a 24.000 euros. El juez también investiga otra propuesta entregada al Instituto de Fomento y que no llego a ser aprobada, cuyo objetivo era la mejora de la reputación de altos cargos de la Comunidad en internet.

Negociaciones por el Gobierno

La dimisión de Juan Carlos Ruiz debe leerse en clave política ante las exigencias de Ciudadanos de que el PP regional se comprometa con su pacto de regeneración democrática. El partido que Miguel Sánchez López dirige en Murcia ponía como condición 'sine qua non' para facilitar la investidura de Pedro Antonio Sánchez la eliminación de toda clase de imputados de la vida política y, si la presencia de Bascuñana como delegado del Gobierno ya complicaba la negociación, la de Ruiz era un nuevo obstáculo para el entendimiento entre ambas formaciones.