Diciendo que la  crisis sanitaria del coronavirus lo ha cambiado todo no creo que vaya a aportarles nada nuevo a cada uno de ustedes, ya que no se trata de saber más o menos, ni tener acceso a ninguna información confidencial o privilegiada, sino que es algo todos estamos viviendo en directo y no en modo diferido.

En este artículo de obviedades también es cierto que desde el minuto uno el gobierno con su presidente a la cabeza está, con sus aciertos y sus errores, intentando sacarnos de esta tempestad de la que no tenemos experiencias de gestión ninguna. Pero que se lo están currando nadie podremos poner la más mínima objeción. Es más, la respuesta anticipada a situaciones como la que estamos viviendo, tendremos que reconocer, que a quien le toque tendrá que ir actuando sobre la marcha. Del mismo modo que tendremos que reconocer que toda esta avalancha ha venido a romper los equilibrios legislativos establecidos entre los distintos agentes que sobreviven en torno, en nuestro caso, a la LCSP.

Y ya entrando en el terreno en el que habitualmente nos movemos en este espacio dedicado a la contratación pública, hemos dado cuenta de la avalancha de normas, en ciertos momentos hasta a diario, hasta el hartazgo. Pero todo ese trabajo y esfuerzo, no necesariamente acertado, tenía dos ejes fundamentales desde el punto de vista jurídico, en primer lugar dar contenido, tal como hemos comentado en artículos anteriores, al artículo 120 de la LCSP que regula las situaciones de emergencia en la contratación al no llegar a cubrir las necesidades legales de esta situación y en segundo lugar intentar dar seguridad jurídica a la contratación durante el período del estado de emergencia.

Pero además, con el fuerte impacto que se prevé, y más después de los primeros datos conocidos, que tenga en la actividad económica y social todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19 y la declaración del Estado de emergencia, otro de los grandes objetivos del gobierno ha sido el minimizar el impacto social y facilitar la actividad económica, para que esta se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore, lo que desde que mi punto de vista no va a ser nada fácil.

Pero ¿qué se podría hacer para que la contratación pública pudiera convertirse en una palanca que ayudara a salir de la situación de fuerte recesión que se vislumbra en nuestro horizonte más inmediato?

Hay quien piensa que no debería haberse paralizado la actividad de contratación pública ajena a la gestión del COVID-19 y quien va más allá y pide que se derogue la normativa puesta en marcha a raíz de la entrada en vigor del estado de emergencia y que a partir de ese momento se vuelva a la actividad normal. No sé si estas medidas hubieran sido posibles, lo que si hubiera sido poco entendible es que se haya paralizado casi al cien por cien la actividad económica del país y que se hubiera mantenido la vinculada al sector público.

Lo que considero es que es el momento de darle a la contratación pública el carácter “estratégico” que recoge la LCSP, planificando la vuelta a esta esperada “normalidad”, preparando las infraestructuras necesarias para dar la mejor y más rápida respuesta a las necesidades que puedan surgir y que al mismo tiempo los operadores económicos puedan anticipar su participación en las licitaciones públicas. Y sobre todo en este momento sería fundamental que los instrumentos de pago fueran lo suficientemente ágiles para que el pago a los proveedores se ajustara a la fecha de facturación.