Es por todos sabido que la pasada semana el gobierno (o parte de él) pactó con BILDU la total derogación de la reforma laboral de 2012, desatendiendo las recomendaciones de los expertos, haciendo caso omiso a las advertencias de la UE e ignorando incluso el parecer de la Ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño. Se trata de una decisión desacertada que llega en el peor momento posible. Volver a la legislación laboral previa a la reforma es un disparo en el pie que agravará hasta cotas insospechadas la virulencia (nunca mejor dicho) de esta crisis económica.

Ya que la memoria colectiva parece fallarnos de nuevo, conviene aquí recordar cuáles eran las cifras de paro que se alcanzaron con la legislación anterior a la reforma, a la que se quiere volver. En este sentido, la tasa media de paro entre 1980 y 2012 fue de un 17%, mientras que en febrero de 2020 la tasa ha sido del 13,6 %. Más aún, con la legislación anterior se produjo el incremento más pronunciado que se haya dado en la cifra de paro, aumentando ésta desde algo más de un 8% en 2007 hasta más del 22% en 2011, más de 14 puntos porcentuales de incremento. Algunos atrevidos afirman que la recuperación del empleo entre 2014 y 2020 se produjo no gracias a la reforma laboral, sino a pesar de ella. Sin embargo, éste no es el parecer de la mayoría de expertos. Por citar alguno, cabe destacar el Documento de Trabajo de marzo de 2016 elaborado por el BBVA Research, en el que se afirma que la reforma laboral evitó la destrucción de más de un millón de trabajos y que de haberse adoptado con mayor prontitud podría haber evitado la destrucción de hasta dos millones de empleos.

Ahora bien, la mayoría de detractores de la reforma laboral de 2012 no se centran en negar la generación de empleo sino en criticar la precariedad de los trabajos creados. Es cierto que el mercado laboral español se caracteriza por una enorme precariedad, en concreto por unas altísimas tasas de temporalidad y de desempleo juvenil. No obstante, estos extremos también han mejorado notablemente tras la reforma laboral. La tasa de temporalidad, que se sitúa actualmente en el 25%, llegó a alcanzar un 35% en el año 2005 con la anterior legislación. Por su parte, la tasa de desempleo juvenil, que hoy es del 30%, llegó a superar el 50% bajo la vigencia de la legislación precedente.

Por otro lado, a menudo afirman los detractores de la reforma laboral de 2012 que ésta favoreció esencialmente a las grandes empresas. Ésto no es en absoluto cierto. La reforma introdujo una serie de flexibilizaciones en la legislación laboral de las que se han beneficiado principalmente las PYMES. Un ejemplo claro de estas medidas de flexibilización es la posibilidad ofrecida a las PYMES para apartarse de los convenios sectoriales, cumpliendo ciertos requisitos, en supuestos de crisis económicas. Los convenios sectoriales son firmados por los representantes de los empresarios y trabajadores de todo un sector económico. Sin embargo, dentro de cada sector económico existe una gran variedad de empresas con distintas peculiaridades. En concreto, las PYMES, cuyo músculo financiero es más débil, tenían una gran dificultad para adaptarse a los rígidos convenios sectoriales en tiempos de crisis. La reforma laboral supuso un importante alivio para las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales se veían abocadas al cierre debido a la rígida legislación laboral previa. Las grandes empresas son mucho más resistentes a la rigidez laboral que las PYMES.

En definitiva, la reforma laboral, sin haber sido ni mucho menos la panacea, introdujo mecanismos de flexibilización que han contribuido a la existencia de un mercado laboral más sano. Volver a la legislación previa, con la cual se produjo la mayor destrucción de empleo de nuestra historia reciente, es un auténtico suicidio. Dadas las circunstancias actuales, las empresas necesitarán de la mayor flexibilidad posible para sobrevivir, retornar a la rigidez más absoluta traerá cierres de empresas y destrucción de empleos. Es necesario mantener la reforma laboral y, en caso de reformarla, profundizar en la flexibilización de nuestro mercado de trabajo. La precariedad, nuestra asignatura pendiente, no se solucionará a través de absurdas imposiciones, sino transitando desde una estructura productiva excesivamente terciarizada y focalizada en sectores de bajo valor añadido hacia una economía que apueste por los incentivos a la inversión y por la atracción de empresas de sectores tecnológicos y de otros sectores de alto valor añadido que disminuyan la enorme volatilidad y dependencia externa de nuestro mercado laboral. El gobierno, obstinado, camina en el sentido opuesto. Si no rectifica, la catástrofe será de proporciones que escapan a nuestra imaginación.