María Marín, diputada regional de Podemos y María Jesús López, secretaria de Organización del PSOE de la Región de MurciaEl curso político arranca en la Región de Murcia tras un verano cargado de tensión. Los disturbios en Torre Pacheco y el polémico acuerdo en Jumilla sobre celebraciones religiosas marcaron la agenda estival, mientras en sanidad y educación se repiten los problemas estructurales de cada año: listas de espera que crecen y un inicio de curso con aulas prefabricadas. En este escenario, PP, PSOE y Podemos comparecen en septiembre con diagnósticos enfrentados y prioridades que anticipan un otoño agitado en la Asamblea.
El Partido Popular presentó este lunes su hoja de ruta con la seguridad como bandera. Bajo el plan Región de Murcia+Segura, el Ejecutivo autonómico promete una inversión de 120 millones de euros para reforzar a los ayuntamientos y alcanzar 3.000 policías locales en 2030, 700 más que en la actualidad. A ello suma la preparación de un decreto de vivienda asequible y una nueva ley de simplificación administrativa, que se completará con medidas específicas para empleo y juventud. El vicesecretario de Organización, Joaquín Segado, resumió la apuesta popular como “soluciones frente a quienes se empeñan en crear problemas”.
El PSOE respondió con un diagnóstico diametralmente opuesto. La secretaria de Organización, María Jesús López, calificó el verano como “desastroso” y denunció que la Región “ha vuelto a ser noticia nacional por la deriva reaccionaria del PP y Vox”. López citó los disturbios de Torre Pacheco, el “bochornoso escándalo” de Jumilla y criticó la “situación crítica” de los servicios públicos. Según la dirigente socialista, los recortes en centros sanitarios durante los meses estivales se traducirán en más listas de espera y el inicio de curso escolar arranca “con 78 barracones, aulas sin climatizar y ratios superiores a la media nacional”.
Desde Podemos, la diputada regional María Marín centró su discurso en “los problemas de la gente”: el acceso imposible a la vivienda, la precariedad laboral, las listas de espera del SMS con “más de 200.000 personas, 60.000 sin fecha asignada”, el Mar Menor y la proliferación de macroplantas de biogás. Marín denunció que “la Región solo ha sido noticia por las campañas de odio de la ultraderecha” y se comprometió a “tirar a la basura la agenda del odio de Antelo y de López Miras”. Además, adelantó una “oposición real”, tanto en la Asamblea junto a IU como en la calle, con iniciativas para reforzar la sanidad y la educación públicas.
Con este cruce de relatos, la política regional encara septiembre con dos bloques irreconciliables: un PP que reivindica gestión y estabilidad institucional y una oposición que alerta de precariedad, recortes y polarización social. Sanidad, educación, vivienda y convivencia aparecen como los grandes campos de batalla de un curso que, a tenor del clima estival, se presenta bronco y determinante.





