La Región de Murcia llega a 2026 con convenios caducados, jornadas por encima de la media en los sectores más precarios y un debate envenenado sobre el absentismo. Teresa Fuentes, secretaria general de CCOO en la Región, plantea un año de presión para desbloquear la negociación colectiva y poner el foco en sanidad privada, campo, reducción de jornada, economía sumergida y refuerzo de servicios públicos. “Si los salarios y las condiciones de trabajo no mejoran en las mesas de negociación colectiva tendremos que salir a las calles”, sostiene.

Fuentes asumió el liderazgo regional del sindicato tras ser elegida en mayo para el mandato 2025-2029 y, en sus primeros meses, sitúa el bloqueo de varios convenios como el termómetro de un mercado laboral que, según su diagnóstico, funciona con demasiada precariedad estructural. Reconoce que los cambios “requieren su tiempo” y que en este arranque “no nos ha dado tiempo a avanzar todo lo que nos gustaría”, pero insiste en que 2026 debe medirse con hechos y objetivos concretos: cerrar acuerdos pendientes, subir salarios reales y recortar la desigualdad que, a su juicio, se enquista cuando las mesas de negociación se eternizan. Entre las prioridades, pone en primer plano los convenios que siguen sin resolverse y que considera decisivos por empleo y condiciones, como el de la sanidad privada, varios del campo, la mejora de las condiciones de los bomberos forestales y la negociación de los convenios que vencen este año. Además, fija dos metas de fondo en las mesas de diálogo social: reducir la brecha salarial y recortar la economía sumergida en la Región.

Sobre la brecha salarial, afirma que es “la más alta del país” y la cuantifica en un 20% a favor de los hombres “por realizar el mismo trabajo”. En economía sumergida, aporta otra cifra: un 17,4% en la Región frente a un 15,8% de media nacional. “Reducir la economía sumergida regional es imprescindible”, sostiene, y vincula ese objetivo a más control del fraude en contratación y al cumplimiento real de jornadas, salarios y altas.

“Las patronales, con Ribera Salud a la cabeza, están bloqueando la negociación del convenio”

El conflicto que describe como más urgente es el de la sanidad privada. Anuncia movilizaciones coordinadas con UGT “en unos días” porque, según su versión, el convenio lleva “vencido 15 años” y sin negociarse desde 2009. “La situación es insostenible”, afirma. Añade que muchas personas trabajan bajo ese marco cobrando el Salario Mínimo Interprofesional y con recortes de derechos que califica de “inadmisibles” para una plantilla que define como imprescindible. En ese punto señala responsabilidades empresariales y pone nombre al bloqueo. “Las patronales, con Ribera Salud a la cabeza, están bloqueando la negociación del convenio”, asegura. Y endurece el tono cuando habla de resultados económicos: “Grandes beneficios para estas empresas a costa de empobrecer a su personal, es algo que no vamos a permitir”.

Fuentes plantea además que el problema no se queda dentro del convenio. Dice que van a informar a las personas usuarias de esos servicios y que van a pedir implicación política. Menciona que interpelarán al consejero de Sanidad y a los grupos parlamentarios para que se impliquen en el conflicto. También apunta a la administración regional cuando hay contratación pública. Sostiene que, si se adjudican contratos a empresas que bloquean un convenio durante años mientras precarizan plantillas, “la administración también es responsable de que esta situación no se solucione”.

En transporte de mercancías, la secretaria general de CCOO explica por qué su organización no ha suscrito un preacuerdo alcanzado recientemente. Afirma que no lo firman porque no ven “una mejora real ni de salarios ni de condiciones de trabajo”. Su principal objeción es un punto que considera una línea roja. “Se sigue manteniendo la retribución en función de kms realizados, que es una forma de destajo”, señala. Y lo relaciona con seguridad vial y presión sobre los trabajadores: “Entendemos que perpetúa el riesgo que los trabajadores pueden tener al volante”.

En el campo, Fuentes combina avances con presión para cerrar acuerdos. Cita como ejemplo el convenio del manipulado del tomate firmado en octubre, que según indica afecta a 2.500 trabajadoras de Águilas, Mazarrón y Cartagena. También menciona un preacuerdo en el convenio agrícola, forestal y pecuario, que cuantifica en más de 20.000 personas trabajadoras en el campo murciano y que llevaba mucho tiempo caducado por la resistencia a incrementar salarios. Añade que la negociación del convenio de empresas cosecheras de tomate, que cifra en 15.000 personas en toda la Región, está “avanzada” y espera que llegue a acuerdo pronto. En ese bloque lanza un mensaje directo a las patronales agrarias: “Tienen que ir asumiendo la nueva realidad salarial del país”, y afirma que CCOO va a apretar para ello “en todas las mesas de negociación”.

“Si los salarios y las condiciones de trabajo no mejoran en las mesas de negociación colectiva tendremos que salir a las calles”

Ese empuje sindical lo liga a una reivindicación salarial más amplia. Fuentes defiende presionar para que el SMI suba un 7,5% en 2026, hasta 1.273 euros mensuales en 14 pagas, lo que estima en torno a 1.216 euros netos. Y conecta la urgencia con el día a día. “El precio de la compra y de la vivienda está sobrepasando límites inimaginables”, afirma. Por eso pide responsabilidad empresarial para elevar sueldos en negociación colectiva y, al mismo tiempo, anima a la organización de los trabajadores. “Si los salarios y las condiciones de trabajo no mejoran en las mesas de negociación colectiva tendremos que salir a las calles”, insiste.

Fuentes explica la combinación regional de más horas trabajadas y salarios bajos por el peso de sectores concretos. Señala dos grandes motores de empleo en la Región: agroalimentario y servicios, con el campo, almacenes, hostelería y comercio. Dice que comparten problemas. Salarios bajos, contratación fraudulenta y una economía sumergida elevada. También afirma que dependen en buena medida de mano de obra migrante y que en esos sectores se concentran las condiciones más duras. 

En esa fotografía, la reducción de jornada es una de sus apuestas para 2026. Defiende avanzar hacia las 37,5 horas semanales y asegura que en la Región, por negociación colectiva, la media está en 39 horas semanales frente a 38,3 de media nacional, y sitúa la media de la UE en 36 horas.

Fuentes pone el acento en el cumplimiento. Defiende el registro horario digital no manipulable y el derecho a la desconexión digital. Según explica, el registro digital permitiría acceso remoto a la Inspección de Trabajo y a la representación legal de los trabajadores, y la desconexión reforzaría descanso, conciliación y salud mental. En ese punto aporta un dato que utiliza como indicador del problema. Afirma que "cada semana se hacen 2,6 millones de horas extra que no se pagan ni cotizan". También sostiene que hay sectores con poca cultura sindical y alta atomización empresarial donde los abusos se sostienen con más facilidad, como ocurre en parte de la hostelería frente a industrias con comités consolidados.

La entrevista se abre a la agenda social con un diagnóstico duro sobre pobreza infantil. Fuentes afirma que la Región está por encima de la media nacional y da cifras: 40,7% de pobreza infantil frente a un 29,2% nacional. Señala además que en hogares monoparentales la cifra alcanza el 65%, que asocia mayoritariamente a mujeres solas con menores. Pide más recursos públicos y compara gasto en protección social. “La Región de Murcia gasta en protección social 300 euros por habitante, cuando la media nacional está en 360 euros”, sostiene. Reclama ampliar becas comedor para que lleguen a quienes lo necesiten y mejorar la calidad de los menús escolares. También pide participación sindical en los órganos de seguimiento de la Estrategia contra la pobreza y la exclusión social. Entre las medidas que menciona figura una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo menor de 18 años y la regulación de precios de productos básicos de la cesta de la compra. Cita además un dato del Banco Central Europeo para contextualizar el encarecimiento: un aumento del 34% de precios en España entre 2021 y 2024, y apunta a que la alimentación se ha convertido en el segundo gasto familiar tras la vivienda.

Otro bloque que presenta como urgente es la dependencia. Fuentes denuncia 563 días de demora en la Región frente a los 180 que marca la ley y compara con el País Vasco, donde sitúa la tramitación en 160 días. Afirma que hay más de 16.300 personas en lista de espera, “la mayoría mujeres mayores de 80 años”, y que "en 2025 han muerto más de 1.000 personas esperando una prestación". Reclama un plan de choque con refuerzo de equipos de valoración, objetivos trimestrales de reducción de listas, cobertura de vacantes y contratación con empleo digno y estable. También aporta datos sobre plazas residenciales. Señala 6.300 plazas en la Región, aproximadamente la mitad públicas y la mitad privadas. Sitúa el coste de una residencia privada entre 2.000 y 2.500 euros al mes y lo contrasta con una pensión media de 1.162 euros. Pide reequilibrar el modelo con más plazas residenciales y de día y reforzar la ayuda a domicilio.

En seguridad y salud laboral, Fuentes afirma que 2025 ha sido un “año negro” por fallecimientos en el entorno laboral. Cifra en 34 los trabajadores muertos en accidentes laborales en la Región, 15 más que en 2024, y señala que muchos fueron “in itinere”. Critica la situación en pymes con servicios de prevención ajenos, que describe saturados. Anuncia un proyecto para asesorar a empresas y trabajadores en planes de movilidad dentro de la Estrategia de Salud Laboral 2024-2028 y sostiene que, en dos años, será obligatorio en empresas de más de 200 trabajadores. Pide además facilitar transporte público, incluidos horarios y trayectos hacia polígonos industriales. Y plantea una figura para empresas pequeñas sin representación sindical: un delegado territorial de prevención.

Sobre personas migrantes, especialmente mujeres, Fuentes insiste en la necesidad de que lleguen al sindicato para poder actuar. Anuncia que CCOO abrirá en las próximas semanas la sede de Torre Pacheco tras su reforma, buscando acercarse a zonas con alta población migrante. Enumera incumplimientos sobre los que quieren intervenir con denuncias: fraude en contratación, destajo en el campo, horas extra no pagadas en hostelería, altas por menos horas de las trabajadas y salarios por debajo de convenio. Afirma que están "ultimando un protocolo de actuación contra la explotación sexual para llegar a mujeres migrantes que trabajan en el campo" y recuerda el caso investigado conocido como Operación Yawari, que CCOO denunció, donde seis mujeres marroquíes fueron agredidas sexualmente por un capataz.

“El objetivo es debilitar a la clase trabajadora quitando derechos a los sindicatos”

Fuentes enmarca la reforma de la participación institucional, ya en el Tribunal Constitucional, como un choque directo con el papel de los sindicatos en la Región. Sostiene que CCOO y UGT interpretaron desde el principio que la modificación de la ley no era un ajuste técnico, sino “un ataque frontal” al rol que, recuerda, la Constitución reconoce a las organizaciones sindicales. A su juicio, el objetivo de fondo es debilitar la capacidad de organización de la clase trabajadora y reducir el peso de la representación social en la toma de decisiones. Lo describe como una deriva hacia una gobernanza “menos diversa y plural”, donde “solo se oigan las voces de unos pocos”.

En ese contexto, Fuentes rechaza que la ofensiva sea casual y la vincula a la fuerza organizativa de las centrales mayoritarias. “No me parece casual que ataquen a las organizaciones más grandes y con más capacidad de organizar a la clase trabajadora”, afirma. Y aporta cifras para subrayar esa dimensión: CCOO se define como el sindicato con mayor afiliación, con “un millón de personas afiliadas” en España y “cerca de 27.000” en la Región de Murcia.

Pese al conflicto institucional, Fuentes asegura que la reforma no ha alterado su presencia en el diálogo social. “Estamos y vamos a seguir estando en las mesas de diálogo social”, sostiene, y añade que están exigiendo que la participación de los agentes sociales sea “seria y efectiva”, con propuestas concretas orientadas a reducir precariedad y desigualdad. Para ilustrarlo, menciona la negociación de la Estrategia del Empleo de Calidad, en la que, según explica, han trabajado durante meses junto a administración, patronal, sindicatos y otras organizaciones, incorporando medidas que consideran positivas para las personas trabajadoras.

Sobre quienes, dice, intentan convertir a los sindicatos en chivo expiatorio, responde con un mensaje combativo y una llamada a reforzar la afiliación. “Que no se cansen, porque nosotras no nos vamos a rendir”, afirma. Y concluye que esos ataques, lejos de frenar al sindicato, refuerzan su determinación y su estrategia de organización: “Cuanto más nos atacan más conscientes somos de que debemos permanecer y fortalecer nuestro papel en la defensa de las personas trabajadoras”.

Y vuelve al absentismo en términos prácticos, sin asumir el marco que, según ella, se usa desde parte de las patronales. Fuentes denuncia el “uso malintencionado y perverso” del término cuando se aplica a ausencias justificadas por derechos laborales, enfermedad, maternidad, cuidados o vacaciones. Para explicar que la Región esté por encima de la media, menciona cargas de trabajo, sectores con condiciones duras, salarios bajos, horas por encima de lo contratado y problemas de organización. Añade otro factor que considera determinante: la situación de la sanidad pública, con listas de espera y falta de cobertura en especialidades y atención primaria. Y plantea medidas concretas para reducir ausencias sin recortar derechos: reforzar sanidad pública, prevención en las empresas con ergonomía, descansos y rotación, mejorar turnos, reforzar la Inspección de Trabajo y el Instituto de Seguridad y Salud Laboral. En el trabajo al aire libre, pide medidas inmediatas de protección frente al calor, como sombrajes y jornada intensiva en verano.

Ese es el paquete completo que Fuentes coloca sobre la mesa para 2026. Convenios que se cierran o se enquistan, salarios que deben subir, jornadas que deben bajar y servicios públicos que, según denuncia, necesitan refuerzo para sostener empleo, salud y cuidados. Y una advertencia final que no presenta como consigna, sino como siguiente paso si no hay avances. “Si los salarios y las condiciones de trabajo no mejoran en las mesas de negociación colectiva tendremos que salir a las calles”.