CCOO y UGT de la Región de Murcia han criticado con dureza la decisión del Gobierno autonómico de presentar alegaciones contra el anteproyecto estatal sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y acusan al Ejecutivo de Fernando López Miras de “defender la precariedad” en una comunidad donde los sindicatos sitúan el problema de los bajos salarios como una cuestión estructural. La reacción llega un día después de que la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social remitiera al Ministerio de Trabajo un escrito en el que sostiene que el texto “vulnera la legalidad” y “debilita la negociación colectiva”.

La Comunidad Autónoma sostiene que no está en contra de que suba el SMI, sino de la forma elegida por el Gobierno central para articular la reforma. En sus alegaciones, el Ejecutivo regional afirma que el anteproyecto invade competencias legales, ignora la normativa europea, interfiere en el Estatuto de los Trabajadores y altera el equilibrio del diálogo social al introducir un sistema de actualización vinculado, a su juicio, únicamente al IPC. La consejera Marisa López Aragón defendió además que el problema no es la mejora salarial en sí, sino un modelo que considera más intervencionista y menos pactado.

Frente a esa posición, UGT y CCOO sostienen que no se trata de un debate técnico ni jurídico, sino de una decisión política con consecuencias directas sobre los trabajadores con sueldos más bajos. Ambos sindicatos interpretan que el Gobierno regional se ha colocado del lado de quienes frenan las subidas salariales y han advertido de que cuestionar la aplicación del SMI en la Región de Murcia supone dar la espalda a miles de familias en una región especialmente expuesta a la precariedad laboral. Por otro lado, las organizaciones sindicales cifran en más de 150.000 las personas trabajadoras de la Región que dependen de forma directa de las subidas del salario mínimo.

La crítica sindical se apoya también en la situación de la negociación colectiva en la Región. CCOO y UGT denuncian que resulta incoherente que el Ejecutivo autonómico invoque ahora la defensa de los convenios cuando, aseguran, en la Región existen sectores con mesas bloqueadas desde hace años. Uno de los ejemplos recientes es el de la sanidad privada, donde ambos sindicatos anunciaron en enero movilizaciones por el bloqueo del convenio de establecimientos sanitarios, un conflicto que utilizan ahora como prueba de que el problema no es teórico, sino muy concreto.

Así, los sindicatos van un paso más allá y acusan al Gobierno regional de mantener un discurso “hipócrita” sobre los salarios dignos mientras, según denuncian, se siguen sosteniendo con dinero público condiciones laborales que no alcanzan ese umbral en algunos sectores. También le reprochan estar debilitando el diálogo social en un momento ya tensionado en la Región, donde el enfrentamiento institucional con sindicatos y patronal ha tenido incluso recorrido ante el Tribunal Constitucional por la reforma de la ley de participación institucional.

Parece que la disputa sobre el SMI se ha convertido en algo más que un cruce técnico sobre un anteproyecto. Para el Gobierno regional, la batalla está en el terreno de la legalidad y del papel que debe jugar la negociación colectiva. Para CCOO y UGT, en cambio, la clave está en quién protege de verdad a los trabajadores peor pagados en una comunidad donde los salarios bajos siguen formando parte del paisaje laboral.