El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al Congreso que respalde el decreto anticrisis aprobado tras la guerra en Irán, al defender que el conflicto ya está golpeando la economía europea y española y que la respuesta pasa por proteger a familias, autónomos y empresas frente al encarecimiento de la energía. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo advirtió además de que de esta guerra no saldrán “salarios más altos” ni “viviendas más asequibles”, en una frase con la que quiso subrayar que el coste del conflicto acaba trasladándose al bolsillo y a las prioridades sociales.

Sánchez enmarcó esa apelación en la defensa del Real Decreto-ley 7/2026, el llamado Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 20 de marzo. El paquete moviliza 5.000 millones de euros y combina ayudas directas, rebajas fiscales y medidas regulatorias para contener el impacto del alza energética, con especial peso de la fiscalidad de los carburantes, la electricidad y el gas.

Entre las medidas más visibles figuran la rebaja del IVA de los carburantes, la luz y el gas al 10%, la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos, apoyos al combustible para profesionales como transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como incentivos ligados a la transición energética. El Gobierno presentó el plan como el núcleo de su “escudo social” frente a una crisis que considera importada, pero con efectos inmediatos sobre la inflación, los costes empresariales y el consumo.

En el Congreso, Sánchez vinculó esta crisis con otras afrontadas en los últimos años y reivindicó que España ha respondido con instrumentos de protección en episodios como la pandemia, la guerra de Ucrania o la ofensiva arancelaria de Estados Unidos.

La votación clave llegará este jueves 26 de marzo, cuando el Congreso deba convalidar el decreto. A estas horas, el Gobierno cuenta con el respaldo de Junts y con la abstención de Podemos, un equilibrio que, salvo giro de última hora, permite prever la aprobación del texto sin necesidad del PP. La formación de Carles Puigdemont ha vinculado su apoyo a compromisos en materia fiscal para autónomos y trabajadores, mientras los populares han criticado el contenido del decreto y han llegado a pedir que se retire para renegociarlo.

Por otro lado, el debate sobre Irán ha servido también a Sánchez para reforzar su rechazo a la guerra y para contraponer su posición a la de PP y Vox, a quienes reprocha tibieza o silencio ante una escalada que considera ilegal, cruel y contraproducente. 

En ese marco, el Gobierno intenta presentar el decreto como una red de contención urgente ante una crisis internacional cuyos efectos ya se dejan notar. Si la mayoría parlamentaria aguanta unida y convierte ese escudo en norma convalidada o si el ruido vuelve a hacer de las suyas en el último minuto.