El impacto económico de la guerra en Irán empieza a tener también una respuesta desde las comunidades autónomas. Más de la mitad de ellas ha puesto sobre la mesa medidas propias para contener la subida de la energía y los carburantes, con un volumen total que ya rebasa los 2.300 millones de euros.

Ese movimiento corre en paralelo al plan estatal aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo, que moviliza 5.000 millones de euros a través de 80 medidas para proteger a hogares y sectores especialmente expuestos, reducir la fiscalidad energética y sostener la actividad de ramas como el transporte, la agricultura o la pesca. El Gobierno lo presentó como un plan de choque frente a los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo, y su contenido quedó posteriormente recogido en el Real Decreto-ley 7/2026.

Entre las medidas estatales figura una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo para el transporte profesional por carretera hasta el 30 de junio de 2026, además de apoyos equivalentes para el gasóleo agrario y para la actividad pesquera, junto con rebajas fiscales sobre la electricidad y determinados productos energéticos. El BOE recoge también la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% y la reducción temporal del IVA de la electricidad al 10% para determinados suministros.

El mayor esfuerzo anunciado hasta ahora corresponde al País Vasco, cuyo Gobierno aprobó un “escudo industrial” dotado con 1.047 millones de euros para hacer frente al impacto del conflicto de Oriente Medio sobre la industria, el empleo y la autonomía energética.

Por detrás aparece Cataluña, con 400 millones de euros según el recuento de Europa Press, y la Comunitat Valenciana, que ha comunicado un plan de apoyo de más de 300 millones centrado en el tejido industrial y empresarial ante los efectos del conflicto.

El mapa continúa con Castilla y León, con cerca de 170 millones; Galicia, con un paquete superior a 150 millones; y Baleares, con alrededor de 161 millones en ayudas directas, crédito y medidas estructurales, siempre según ese mismo recuento. A ellas se suman Navarra, que ha activado una armonización tributaria con impacto fiscal estimado en más de 37 millones, Canarias, con un plan inicial de 29,8 millones ampliable a 60 millones, y la Región de Murcia, que ha anunciado un primer paquete de 10 millones repartido en once medidas.

Algunas comunidades aún no han concretado paquetes propios como Madrid, Asturias, La Rioja y Cantabria, mientras que Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no habían anunciado hasta esta mañana medidas autonómicas específicas vinculadas de forma directa al conflicto en Irán. En el caso de Ceuta y Melilla, la agencia apunta que por ahora quedan fuera de ese esquema, en parte por las particularidades de su régimen fiscal.