El Ministerio de Función Pública ha convocado para este viernes 17 de abril a CCOO, UGT y CSIF a una nueva reunión de la Comisión de Temporalidad y Empleo, una cita que, según el departamento que dirige Óscar López, servirá para abordar la oferta de empleo público de 2026. Sobre el papel, ese es el orden del día. En la práctica, la reunión llega atravesada por un asunto bastante más incómodo: la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de temporalidad en el sector público.

El ministerio ya ha dejado claro que no prevé tratar formalmente ese fallo en el encuentro. Pero los sindicatos no están por la labor de mirar hacia otro lado. UGT Servicios Públicos pidió hace dos días la convocatoria urgente de esta comisión precisamente para debatir medidas complementarias que permitan reducir la temporalidad, evitar nuevos abusos y dar una salida estable a las personas afectadas. CSIF, por su parte, ha reclamado soluciones inmediatas y sostiene que las administraciones siguen incumpliendo de forma sistemática la Ley de Temporalidad. CCOO ha optado por un tono algo más prudente, pero coincide en que el ordenamiento español sigue sin ofrecer una respuesta suficientemente eficaz para prevenir y sancionar el abuso.

La razón de esa presión sindical está en el contenido mismo de la sentencia europea, dictada el 14 de abril. El TJUE cuestiona que las medidas hoy previstas en España para corregir el encadenamiento abusivo de contratos temporales en el sector público sean compatibles con el Derecho de la Unión si no garantizan una respuesta verdaderamente efectiva. En particular, pone bajo sospecha la figura del personal laboral indefinido no fijo, al entender que mantiene al trabajador en una situación de temporalidad y precariedad, y también duda de que las indemnizaciones o los procesos selectivos abiertos a todos los aspirantes basten para reparar y disuadir ese abuso. En todo caso, el tribunal europeo recuerda que será el Tribunal Supremo quien deba resolver el litigio concreto y valorar el ajuste final de la normativa española.

Función Pública ha intentado rebajar el alcance político del fallo. Desde el ministerio se insiste en que la sentencia es “meramente aclaratoria”, que no modifica por sí sola la normativa nacional y que el derecho europeo no obliga a convertir automáticamente en fijos a los trabajadores temporales del sector público. La posición del Gobierno se apoya además en la doctrina del Tribunal Constitucional, contraria a consolidar personal fijo sin pasar por procesos selectivos abiertos bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

En paralelo, Óscar López ha vuelto a situar el foco del problema fuera de la Administración General del Estado. El ministro afirmó que la temporalidad en la AGE ronda el 4%, mientras que en las comunidades autónomas se mueve “en el treinta y pico, en el cuarenta”, una diferencia que, a su juicio, explica dónde sigue concentrado el atasco. También recordó que el Gobierno ha llevado al Congreso la nueva Ley de Función Pública como una herramienta para seguir avanzando en la estabilización del empleo público.

Aunque la convocatoria formal sitúa la oferta de empleo público en el centro de la reunión, el fallo del TJUE sobre temporalidad condicionará inevitablemente el encuentro entre Función Pública y los sindicatos. El Ministerio pretende acotar el debate, pero las organizaciones sindicales llegan decididas a poner sobre la mesa un problema que sigue sin una respuesta cerrada.