El pasado viernes, el Pacto de Toledo acordó un borrador con una serie de recomendaciones que los partidos tienen previsto firmar este martes 27 de octubre. Con la firma, los partidos políticos se comprometen a desarrollar en el congreso leyes para mejorar la viabilidad del sistema de pensiones español. Este compromiso no abarca ninguna medida concreta, pero si da las primeras pistas de hacia donde puede ir la reforma de nuestro sistema de pensiones de aquí al año 2023.

El Pacto de Toledo es el nombre con el que los políticos y medios de comunicación bautizaron a mediados de los 90 al conjunto de reuniones, plenos, mesas de negociación y demás instrumentos parlamentarios que utilizaron para el debate sobre la búsqueda de soluciones a los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social español. Por aquel entonces era el Banco Mundial, como principal ente internacional a nivel económico de la época, quien ya ponía en alerta sobre la inviabilidad futura del sistema de pensiones basado en el reparto heredado del franquismo debido al cambio que se estaba produciendo en la pirámide poblacional española por el aumento de la esperanza y del nivel de vida de sus ciudadanos.

Basándose en las características del sistema de pensiones español y en las previsiones de natalidad, esperanza y nivel de vida, los especialistas de entonces ya avisaban del gran problema que se le avecinada a España de no transitar a tiempo a un sistema de pensiones de capitalización o al menos a un sistema mixto. Sin embargo, desde su misma fundación, el Pacto de Toledo no ha sido más que un escudo político para que todos los partidos puedan fingir preocupación por el quebrado régimen de la seguridad social sin dar ninguna solución real al origen del problema: que las cotizaciones de los trabajadores no van a ser suficientes para financiar las pensiones cuando el número de cotizantes y beneficiarios tienda a igualarse.

Cada 5 años se reúnen, desde 1995, pero jamás han sido capaces de arrancarse así mismos más que una serie de recomendaciones que rara vez suelen pasar de buenas intenciones. Como muestra un botón: de la primera reunión del Pacto de Toledo en 1995, una de las primeras recomendaciones que los propios políticos decidieron imponerse fue la de separar las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social de las pensiones laborales contributivas para que las primeras no fueran financiadas con cotizaciones de los trabajadores si no con cargo a Presupuestos Generales del Estado, ósea mediante más impuestos. Pues van ya mas de 20 años y esta medida sigue sin ejecutarse y sigue incluyéndose como sugerencia en todas las reuniones del Pacto de Toledo posteriores. Esta medida, pese a no haberse aplicado, es que tampoco soluciona el problema de raíz que supone un sistema de pensiones de reparto y que ya se veía venir en los años 90.

Otra recomendación, que si se puso en marcha pero que tampoco hacía cambiar el sistema hacia uno mixto o de capitalización por lo que tampoco solucionó nada, fue la creación de un fondo de reserva para los remanentes de los años con superávit de la Seguridad Social para poder gastarlo los años con déficit. La realidad es que ese superávit era automáticamente convertido en deuda pública española que posteriormente debió de liquidarse para poder hacer frente a los periodos de déficit en el saldo de la Seguridad Social y la cuantía actual del fondo es una cantidad simbólica ya que ningún político se atreverá a liquidarla por el crédito político que una medida así le pueda ocasionar. En definitiva, la hucha de las pensiones como método de aprovisionamiento para los futuros déficits de la Seguridad Social era una medida manifiestamente populista que en ningún momento reformaba el sistema y no era más que una patada hacia adelante y un nuevo quebradero de cabeza que también tendrá que reestructurar quien finalmente lleve a cabo la reforma del sistema de pensiones español hacia un sistema mixto o completamente de capitalización.

Con estos antecedentes de la actividad e influencia del Pacto de Toledo, nos encontramos ahora con las nuevas recomendaciones que ha realizado el pasado viernes y que serán firmadas hoy. La mayor novedad viene por que por primera vez ha participado en esta edición del Pacto de Toledo Jose Luís Escrivá como ministro de la Seguridad Social. En su anterior cargo como presidente de la AIREF, el ministro, tuvo como labor la de auditar el sistema de pensiones y proponer varias medidas que parecen han inspirado las nuevas recomendaciones del pacto. Entre las medidas que ya propuso desde la AIREF se encuentra la de desincentivar las prejubilaciones con el objetivo de acercar la edad de jubilación efectiva a la edad legal de jubilación. A este respecto, Escrivá ya ha anunciado que revisarán los coeficientes reductores en el plazo máximo de 3 meses. Mientras, se continúa con la ampliación progresiva del periodo para el cómputo de la pensión de los 15 a los 25 últimos años para el cálculo de la pensión que culminará en 2022.

El objetivo de esta medida es reducir la tasa de reposición, porcentaje de la última nómina del trabajador que representa su pensión de jubilación. España tiene una de las tasas de reposición más altas de la Unión Europea y era el motivo que explicaba la menor necesidad o urgencia que había en revalorizarlas, pero este gobierno parece haber optado por reducir drásticamente la base de la pensión y luego actualizarla según fluctuaciones del IPC. Otra recomendación es la de limitar el incentivo al empleo mediante la reducción de cotizaciones sociales. Esperemos que no llegue a materializarse legislativamente ya que no parece lógico dadas las circunstancias limitar las, ya de por sí pocas, capacidades del Estados para incentivar la creación de empleo. Y ayer mismo se anunciaba la puesta en marcha de una medida que incentivará la que las empresas y colectivos generen sus propios planes de pensiones para sus trabajadores y que se penalizará reduciendo a un tercio la deductibilidad de los planes de pensiones privados.

Como vemos, durante toda la existencia del Pacto de Toledo, éste está dando fórmulas para gestionar los ingresos de la Seguridad Social sin hacer frente al único cometido por el cual se fundó: revisar y hacer viable su gasto no a costa del cotizante si no del propio sistema de pensiones y de su capital. Tenemos uno de los sistemas de pensiones más generosos con sus pensionistas de la Unión Europea y para muestra un dato nacional: cada jubilado recibe como pensión 1,70 euros por cada euro cotizado durante su vida laboral. Y otros dos datos internacionales: la tasa de reposición en Alemania es del 50.5%, un 30% menor que en España; y si bien es cierto que tienen sueldos mucho más elevados, más del 40% de los pensionistas alemanes compaginan su pensión con un trabajo informal o minijob. Nuestro sistema falsamente generoso con el pensionista ha derivado en una insolidaridad intergeneracional sin parangón y cuya solución pasa o por una masiva subida de impuestos o una bajada de las pensiones, lo que en ambos caso supone una pérdida de poder adquisitivo para el ahorrador y pensionista. Mientras que, en Alemania, donde apenas tienen deuda pública, tienen el rigor de no corromper sus cuentas públicas para no hipotecar el bienestar de sus generaciones futuras, aquí seguimos discutiendo quién va a ser quien pague el pato.