El gobierno ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado con un aumento del gasto público como herramienta para paliar los efectos económicos provocados por la pandemia este año 2020. La presentación fue el pasado 27 de octubre en una conferencia de la mano del presidente del gobierno Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias donde han proclamado el fin de una etapa neoliberal y de recortes y la entrada de España en la senda de recuperación de derechos sociales y servicios públicos. El aumento del déficit se presumía necesario para luchar contra la parálisis económica pero el aumento del gasto estructural del estado y la inestabilidad de las previsiones económicas pueden descuadrar las cuentas públicas.

La solución que el gobierno ha tomado para afrontar la crisis económica derivada de la parálisis económica por la covid-19 ha sido la de aumentar el gasto público financiado en parte mediante subidas de impuestos y en parte vía déficit. Los aumentos en IRPF para las rentas altas, del impuesto de Sociedades, de Patrimonio, del IVA, al diésel y a los envases plásticos vienen a financiar un aumento del gasto público sin precedentes. El déficit público ha alcanzado valores no visto desde hace más de 100 años cuando la guerra de Cuba. Estos impuestos frenarán la actividad económica que el aumento del gasto dice intentar dinamizar. A los gastos derivados del estrés al que está sometido el sistema sanitario hay que sumar el aumento del gasto social derivado de la pérdida de empleos, los ERTE, etc. Este aumento del gasto busca asistir la nueva realidad de muchas familiar españolas que necesitan ayuda con un total de 236.331 millones de euros para el Estado central, 47.929 millones de euros para los organismos autonómicos, 175.612 millones de euros para la Seguridad Social y 7.888 millones de euros para el resto de entidades.

Todo este aumento del gasto pretende financiarse con aumentos de impuestos y nuevas figuras impositivas que va a financiar el contribuyente mientras trata de salir de esta crisis. Los aumentos de IRPF a las rentas altas, del impuesto efectivo de Sociedades y de Patrimonio apenas alcanza los 950 millones de euros; un poco menos de lo que aportarán a las arcas públicas los aumentos del IVA a las bebidas azucaradas, al diésel y a los envases plásticos. Estos impuestos, lejos de la apariencia que ambos políticos quisieron dar en la presentación de los PGE, afectan al conjunto de la sociedad y ralentizarán el ritmo de la economía. Se espera que la reactivación de la economía compense este enfriamiento. Sin embargo, a los pocos días de la presentación de los presupuestos han sucedido una serie de acontecimientos y noticias que pueden haber trastocado las cifras y previsiones recaudatorias. Los datos de la evolución sanitaria de la pandemia no están siendo los mejores y el sistema sanitario está siendo de nuevo expuesto a niveles de saturación preocupantes. Todo esto está provocando que los territorios estén legislando a favor de confinamientos parciales y temporales con el fin de minimizar la segunda ola de contagios. Las previsiones de que esta segunda será peor en número y efecto que la primera y que estos efectos no estaban recogidos en los datos que el gobierno contempló hace que surjan las dudas sobre si estos PGE cumplirán los objetivos deseados.

Con todo esto, los ciudadanos enfrentan la segunda ola de contagios, muertes, sanciones y paralización de la economía con la herramienta de los ERTE saturada, el ingreso mínimo vital sin formalizar su mecanismo y unas cuentas públicas que necesitan de apoyos poco usuales.