Si tenemos un problema en este país que marca el debate político y el económico, así como la agenda de líderes políticos y empresariales, ese es sin duda alguna el de la corrupción. Y en lo que a nosotros nos afecta la corrupción vinculada a la contratación pública, a la gran contratación pública.

Y ese problema ha pretendido abordarlo la Ley, pero como este es un problema de largo recorrido es pronto para evaluar los resultados, aunque por el bien de todos esperemos que funcione.

Así si repasamos algunos objetivos de la Ley coinciden con buena parte de los que hemos desarrollado aquí, y que suponen un cambio en el modelo de Contratación Pública.

Además, esta Ley trata de aumentar la concurrencia lo que sin duda favorece a las Pymes frente a las grandes corporaciones. Mientras que se insiste en principios más tradicionales, como la publicidad y la transparencia.
Pero realmente si hay algo que paralice la corrupción eso es la profesionalización. Tanto del personal al servicio de las AA.PP., como el que trabaja con los operadores económicos. Esa profesionalización o despolitización de los órganos de contratación va a facilitar mucho el trabajo de todos, y va a favorecer una buena actividad de la administración contractual, con rendición de cuentas y anulación de las prerrogativas.   

Es tal la importancia que el legislador ha querido darle al tema de la corrupción que la ha dotado de una transversalidad que prácticamente comparte objetivos con lo que vengo describiendo aquí y que favorecen la participación de la Pyme y entre lo que destacamos: conseguir una mayor relación calidad-precio, simplificación de trámites, mejorar el acceso a la contratación para las PYMES, etc.

Después de todo lo expuesto podemos decir sin temor a equivocarnos que le legislador ha tenido un interés real en luchar contra la corrupción por lo que a nosotros no nos queda más que esperar que este loable objetivo se cumpla junto a los más prosaicos. ¡¡¡Suerte!!!

Linkedin: José Mª. Gregorio Molina. IDESEN