Una vez más se trata de de una decisión propuesta desde la UE a través de sus Directivas comunitarias sobre contratación, las denominadas de ‘cuarta generación’, cuyo objetivo es garantizar en la política de contrataciones públicas un uso más eficaz de los fondos públicos e impulsar la lucha contra la corrupción, fomentando los principios de transparencia, no discriminación y competencia.

El legislador europeo ha pretendido con el desarrollo de estas Directivas establecer un régimen de garantías jurídicas en materia de contratación pública uniforme en el ámbito de la Unión Europea, caracterizado por la instauración de medios de control efectivos de la adjudicación de los contratos públicos, a través de un sistema de recursos rápido y eficaz, un sistema efectivo de medidas cautelares y un régimen de indemnización de daños y perjuicios producidos como consecuencia de la indebida adjudicación. El objetivo no ha sido otro que garantizar el respeto de los principios y libertades que deben regir en el mercado interior en materia de contratación.

Entre las novedades que aporta esta incorporación  a nuestra norma podemos observar que van desde el acceso al expediente administrativo del recurrente, a la tramitación del expediente, pasando por el plazo, forma y lugar de presentación del recurso, los actos recurribles, así como el órgano recurrible para la resolución del mismo. Mención especial merece la cuestión de nulidad, ya que aunque suprime la cuestión de nulidad, sus causas pueden hacerse valer a través del recurso especial en materia de contratación frente a los diferentes actos susceptibles del mismo.

Una vez más observamos en este apartado de la norma, no ya la impronta de la UE en toda ella ya que se trata de una transposición, sino que algo que fundamentalmente va destinado a la lucha contra la corrupción y a mejora de la transparencia beneficia a las pymes facilitándole una posibilidad recurso asequible.

Linkedin: José Mª, Gregorio Molina. IDESEN.