El pasado miércoles se aprobó una nueva prórroga del estado de alarma, habiéndose abstenido el Partido Popular en la votación. La postura del PP al respecto de la nueva prórroga ha sido, a mi juicio, errática e inconsistente. Por un lado, el partido de Casado no ha tomado el camino más idóneo para la defensa de los intereses y libertades de los españoles y, por otro, ha desaprovechado una oportunidad única para hacer valer su posición en el tablero político.

Antes de entrar a valorar la actuación del PP, me gustaría aclarar una cuestión jurídica, pues en la última semana he podido apreciar una cierta confusión en la ciudadanía hacia el significado del estado de alarma. Parte de ésta parece entender que el estado de alarma equivale al confinamiento. Sin embargo, ésto no es en absoluto cierto. El Estado de Alarma es una de las posibilidades previstas en el artículo 116 de la Constitución Española, que constituye, junto al estado de sitio y el estado de excepción, lo que se denomina como “Derecho de Excepción”, que es desarrollado por la Ley Orgánica 4/1981. El “Derecho de Excepción” recibe este nombre porque sólo es aplicable ante situaciones excepcionales que habilitan al gobierno a limitar derechos fundamentales. En concreto, el Estado de Alarma permite al gobierno, entre otras cosas, imponer límites a la libertad de movimiento de los ciudadanos. Ahora bien, las medidas que concreten esas limitaciones a la libertad de movimiento pueden variar enormemente, no implicando necesariamente el confinamiento.

Una vez comprendida esta cuestión, es el momento de explicar por qué la postura del PP no ha sido la más acertada para la defensa de los intereses y libertades de los españoles. El Partido Popular, en la última semana, ha venido defendiendo la pertinencia de abandonar el estado de alarma como instrumento jurídico para articular la desescalada de las medidas de confinamiento, ofreciendo como alternativas jurídicas la aplicación de Ley General de Salud Pública y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. No obstante, al mismo tiempo, el PP es partidario de imponer límites a la libertad de movimiento tales como prohibir la circulación inter-Comunidades o establecer franjas horarias para salir a la calle. En este sentido, el Estado de Alarma, como instrumento diseñado explícitamente para la limitación de derechos ante situaciones extraordinarias, constituye una alternativa mucho más respetuosa con el normal funcionamiento democrático y con la libertad de los ciudadanos por dos motivos:

1. Porque su aprobación ha de contar con el respaldo parlamentario, mientras que la aprobación de las medidas conforme a la Ley de Salud Pública y la Ley de Medidas Especiales no estaría sometida a la aprobación del Parlamento.
2. Porque, en caso de utilizarse las leyes referidas por el PP, se sentaría un temible precedente para futuras limitaciones de derechos impuestas de forma unilateral por el gobierno de turno sin necesidad de recurrir al derecho de excepción (alarma, excepción y sitio).

Es por estas cuestiones que el estado de alarma resulta el instrumento más oportuno para articular las primeras fases de la desescalada de las medidas de confinamiento.

No obstante, la actuación del PP no ha sido criticable sólo por lo anterior, sino también en términos puramente políticos. En efecto, dado el rechazo de ERC a la prórroga, el PP ha tenido la oportunidad única de, con todo el poder de negociación que le confieren sus 89 diputados, plantear sus condiciones para permitir la prórroga. Sin embargo, probablemente por la amenaza electoral de VOX, el partido de Casado ha preferido enrocarse en el no a mostrar una actitud proactiva y a dejar la pelota en el tejado de Sánchez. Esta situación ha sido aprovechada por Ciudadanos, que con tan solo diez diputados ha logrado que las medidas sociales se desliguen jurídicamente del estado de alarma; que el Gobierno se comprometa desde ahora a preparar y presentar una propuesta para una salida pactada y ordenada del estado de alarma; y que se abra de una vez un canal regular de diálogo y consulta con la oposición. Imaginen lo que podría haber logrado el PP con 89 diputados.

En definitiva, el PP, que se vanagloria de ser liberal, ha aportado una alternativa jurídica mucho más irrespetuosa con las libertades de los ciudadanos. Además, ha renunciado a hacer valer su fuerza parlamentaria para condicionar las medidas adoptadas por Sánchez. Son muchos los que, desde la derecha, han criticado la actuación de ciudadanos por el mero hecho de hacer política. Yo creo que es mucho más criticable la postura de quien pudiendo hacer política y beneficiar al conjunto de los españoles no la hace por miedo a consecuencias electorales inciertas.