La decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un nuevo frente político e institucional. Gobierno y PSOE han acusado al magistrado de dañar la imagen de la justicia con un auto que consideran desproporcionado y de intencionalidad política, mientras el PP ha subrayado su respeto a los jueces y al Consejo General del Poder Judicial.

La polémica se ha intensificado después de que el CGPJ haya decidido estudiar este lunes si abre expediente disciplinario a Peinado por las afirmaciones incluidas en su resolución sobre los escoltas de Begoña Gómez. En el auto, el juez apuntaba que los agentes encargados de su seguridad podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, colaborar en una eventual fuga, argumento utilizado para justificar medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales.

Desde el Gobierno, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha insistido este domingo en la inocencia de Begoña Gómez y ha acusado a Peinado de actuar con una finalidad política. A su juicio, el magistrado “le hace daño a la justicia” con un auto que, según ha señalado, cuestiona el prestigio de la Policía y mantiene una persecución contra la esposa del presidente.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que ha calificado de “demoledor” el daño causado por el auto de Peinado a la justicia. Torró ha añadido que “tan grave es la desproporción de Peinado, como que la derecha la utilice políticamente para tratar de acabar con el Gobierno”.

El PP, por su parte, ha evitado entrar a valorar el fondo de una eventual decisión disciplinaria del CGPJ. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha defendido desde Logroño el “absoluto respeto” de su partido a los jueces y al Poder Judicial, y ha asegurado que el PP no va a interferir ni presionar en la decisión que adopte el órgano de gobierno de los jueces.

Gamarra también ha trasladado el respaldo de su formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, después de las críticas de sindicatos policiales a las palabras incluidas en el auto de Peinado. No obstante, ha acusado al Gobierno de atacar la separación de poderes y de intentar condicionar la labor judicial.

La frase del auto que encendió la polémica

El punto más controvertido de la resolución de Peinado es la referencia a los escoltas de Begoña Gómez. El magistrado sostiene que esos agentes podrían llegar a colaborar en una eventual fuga que impidiera que la acusada permaneciera a disposición de la justicia. Esa afirmación ha provocado la reacción del Ministerio del Interior, de sindicatos policiales y de asociaciones del ámbito judicial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevó una queja formal ante la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, al considerar que esas palabras suponen un “grave cuestionamiento de la profesionalidad” de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Interior entiende que las sospechas del juez afectan no solo a los agentes concretos asignados a la escolta, sino también a sus superiores jerárquicos, al plantear la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales.

Varios sindicatos policiales han reclamado también una rectificación al magistrado por considerar injustificada la insinuación sobre la posible colaboración de policías en una fuga. Las críticas han llegado igualmente desde el ámbito político, con voces de Sumar e Izquierda Unida que han calificado de “barbaridades” las afirmaciones del juez y han cuestionado el desarrollo de la instrucción.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha sido otra de las voces socialistas que ha resaltado la “extrema gravedad” de la referencia a los escoltas, al entender que ataca la profesionalidad de los agentes encargados de la seguridad.

La decisión del CGPJ de estudiar un posible expediente disciplinario añade un nuevo capítulo a una causa que ya estaba situada en el centro de la confrontación política. Mientras el Gobierno y el PSOE denuncian una actuación judicial desproporcionada y políticamente dirigida, el PP acusa al Ejecutivo de cuestionar la independencia judicial y reclama respeto a las decisiones de los tribunales.

La polémica llega después de que Peinado acordara abrir juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El auto también incluye medidas cautelares contra Gómez, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

El caso entra así en una nueva fase en la que el foco ya no está únicamente en la apertura de juicio oral, sino también en los límites del lenguaje judicial, la defensa de la profesionalidad policial y el papel del CGPJ ante una resolución que ha provocado un fuerte choque institucional.