Una vez más la presencia de la UE a través de la transposición de sus Directivas se ve claramente reflejada en este apartado de la LCSP  en el que se aborda la creación de la figura de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.  Y una vez más el legislador español no se conforma solo con transponer el literal de las Directivas, sino que va más allá transponiendo también el espíritu y lo adapta a la estructura administrativa descentralizada de España.

Y así en el articulado de la Ley se recoge como la Oficina tendrá que desarrollar sus fines con plena independencia orgánica y funcional y sus miembros “no podrán solicitar ni aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”. No obstante y lamentablemente, una vez más, en el desarrollo reglamentario posterior va perdiendo parte de su esencia en aras al control que ejerce el Ejecutivo. Toda vez que la Oficina se integra en la estructura orgánica del Ministerio de Hacienda y sus miembros son designados discrecionalmente por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda entre funcionarios de las administraciones públicas.

En este estado de cosas a finales de febrero se hizo pública la primera Instrucción de la Oficina, sobre cierta confusión que se venía produciendo en la regulación de los contratos menores, generando un notable desconcierto en el tema generándose la duda sobre la aplicación del ámbito de actuación entre la Administración G, del estado y las CC.AA y las entidades locales. Es ahí donde creemos que hay que evitar a toda consta cualquier actuación de los distintos agentes implicados que pueda extorsionar el espíritu del Legislador.

Linkedin: José Mª. Gregorio Molina. IDESEN